Cd. de M\u00e9xico.- <\/strong>
\nSi el gobierno mexicano no implementa un mecanismo internacional para investigar de manera independiente los actos de violencia y la corrupci\u00f3n relacionada con ellos, podr\u00edan intervenir organismos como la Fiscal\u00eda de la Corte Penal Internacional.<\/p>\n

De acuerdo con el informe “Corrupci\u00f3n que mata”, realizado por la Open Society Justice Initiative, la Fiscal\u00eda ha recibido ya diversas comunicaciones por parte de Organizaciones No Gubernamentales sobre la impunidad y los niveles de violencia que existen en el pa\u00eds.<\/p>\n

“La principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos cr\u00edmenes”, reconoce el documento.<\/p>\n

“M\u00e9xico necesita un mecanismo internacional, basado en el pa\u00eds, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir los cr\u00edmenes atroces y los actos de corrupci\u00f3n relacionados a ellos”.<\/p>\n

El informe observa que durante la presente Administraci\u00f3n los cr\u00edmenes violentos han aumentado y adem\u00e1s se han expandido en otras \u00e1reas del pa\u00eds donde anteriormente no ocurr\u00edan.<\/p>\n

“Los grupos del crimen organizado contin\u00faan practicando la tortura como t\u00e1ctica de terror e intimidaci\u00f3n, al igual que la polic\u00eda y otras autoridades de investigaci\u00f3n quienes la utilizan para forzar \u2018confesiones\u2019, extraer informaci\u00f3n o imponer castigos extrajudiciales”, se\u00f1ala.<\/p>\n

“El n\u00famero de casos procesados y de condenas se ha mantenido constantemente bajo para todos estos cr\u00edmenes”.<\/p>\n

Uno de los objetivos del an\u00e1lisis es la posible colusi\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos del estado de Coahuila en la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes de lesa humanidad perpetrados por integrantes de Los Zetas mediante un estudio de las matanzas de Allende y Piedras negras ocurridas entre 2009 y 2012.<\/p>\n

“Est\u00e1 claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas, por ejemplo, miembros de la polic\u00eda local, pudieron por el contrario, haber permitido los homicidios”, enfatiza.<\/p>\n

“Hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sab\u00edan de antemano acerca de los cr\u00edmenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se enteraron de los cr\u00edmenes mientras ocurr\u00edan y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas despu\u00e9s de los hechos”.<\/p>\n

El documento establece que ni la propuesta de una Fiscal\u00eda General ni la creaci\u00f3n del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n garantizan independencia institucional o la competencia para investigar los cr\u00edmenes cometidos por integrantes de la delincuencia organizada o las redes de corrupci\u00f3n entre ellos y los funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n

“La aparente colusi\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos en la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes atroces, y los fuertes lazos que tienen con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar de manera independiente estos cr\u00edmenes por s\u00ed solo”, sentencia.<\/p>\n

Las cifras<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan datos del Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda (Inegi), utilizados por la OSJI, de 2006 a 2013 en m\u00e1s del 40 por ciento de los municipios del pa\u00eds no se registraron homicidios.<\/p>\n

Entre 2016 y 2017 el n\u00famero de homicidios aument\u00f3 en casi todos los estados, en comparaci\u00f3n con 2011 y se report\u00f3 un aumento importante en el n\u00famero de municipios que reportaron estos delitos y las tasas m\u00e1s altas se concentraron en \u00e1reas asociadas con la producci\u00f3n y el tr\u00e1fico de drogas tales como Baja California, Guerrero y Veracruz.<\/p>\n

En 2016, la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos recibi\u00f3 744 denuncias de tortura y tratos crueles e inhumanos por parte de autoridades federales, en 2017, este n\u00famero se redujo a 402.<\/p>\n

Seg\u00fan el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el a\u00f1o 2006, cuando inici\u00f3 la “guerra contra el narcotr\u00e1fico” se han registrado 34 mil 92 personas desaparecidas o “extraviadas”.<\/p>\n

Durante la administraci\u00f3n de Felipe Calder\u00f3n la cifra lleg\u00f3 a 13 mil 767 pero durante el sexenio actual se han sumado 20 mil 325 casos.<\/p>\n

De modo oficial en 2011 fueron reportadas 4 mil 135 desapariciones a nivel estatal y federal pero entre 2016 fueron reportados 4 mil 745 casos y en los primeros 10 meses de 2017 la cifra fue de 4 mil 152.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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