Urgen a ir contra la desigualdad

México, D.F.-
A pesar de que México cuenta ahora con instituciones públicas para atender necesidades y derechos de grupos vulnerables como mujeres, niños, jóvenes, personas con discapacidad y migrantes, en el país persisten las prácticas discriminatorias en ámbitos como justicia penal, salud, educación, trabajo y acceso a la información, entre otros.
Por ello, la futura legitimidad de las instituciones radica en el reto de “colocar la desigualdad como el tema más importante de la política democrática y, en consecuencia, de la acción legislativa, gubernativa y jurisdiccional”, afirma el reporte Sobre la discriminación en México 2012.
El documento, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) y que se presentó este miércoles, expone que la situación actual obedece a que la discriminación está “enraizada” en las estructuras sociales, políticas, económicas, jurídicas, culturales y hasta estéticas.
En ese marco, urge dimensionar la magnitud de los problemas para poder diseñar políticas públicas que erradiquen la exclusión, advierte el texto elaborado en coordinación con la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Reconoce que, como nunca, se han invertido recursos institucionales en contra de la discriminación, aunque falta una dinámica que cohesione las políticas sociales, evite la fragmentación y propicie un ordenamiento eficiente de las prioridades.
La realidad en materia de discriminación en México, agrega, representa desafíos por atender y la necesidad de integrar una agenda por la igualdad de trato, aunque reconoce que de 2002, cuando se elaboró el primer informe integral sobre el tema, a la fecha hay avances en materia cultural, legal e institucional.
El rubro de justicia penal, indica, es uno de los campos donde con mayor persistencia se excluye y discrimina, y conforme a algunos estudios de opinión se le percibe con desconfianza, por lo que la expectativa de cambio se finca en las reformas en materia de derechos humanos y de amparo.