La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha escalado a niveles alarmantes en el hemisferio occidental, erosionando la sostenibilidad de los recursos marinos y vinculándose con redes criminales que trafican drogas, armas e incluso personas.
La pesca ilegal no es solo un problema ambiental: es un delito transnacional que socava economías locales, financia redes criminales y exacerba la inseguridad.
Según la Junta Interamericana de Defensa (JID), esta actividad ilegal representa entre el 15% y 30% de las capturas globales anuales, con graves repercusiones económicas, ambientales y de seguridad.
A nivel global, la pesca ilegal equivale al 20% del PIB de la mitad de los países del mundo. En México, el 40% de la pesca es ilegal, según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Estados Unidos es el destino del 50% de las exportaciones pesqueras mexicanas (valoradas en 800 millones de dólares en 2022), mantiene cerrados sus puertos a embarcaciones mexicanas del Golfo de México por incumplimiento en el combate a la INDNR.
México, señalado por quinta vez en 2023 por Estados Unidos como país sin avances contra este flagelo, enfrenta un desafío multidimensional que pone en riesgo su seguridad marítima y su economía.
La pesca ilegal en México está vinculada con la sobrepesca, la desestabilización costera, la piratería, la inseguridad alimentaria, la degradación ambiental, las violaciones laborales, el contrabando de drogas y las organizaciones criminales.
La pesca ilegal es un riesgo importante para la seguridad marítima de México, advierten Katherine Ananía, analista de RAND una organización sin fines de lucro y Renata Terrazas directora ejecutiva de Oceana organización dedicada a la protección de los océanos.
La pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR) es un delito marítimo recurrente, como el contrabando de drogas, pero necesita sus propias soluciones.
Ambos problemas incluyen rastrear e interceptar a los malos actores, dependen de la inteligencia y el intercambio de datos, y requieren coordinación y cooperación con los países socios para tener éxito, refiere en más reciente informe de RAND.
Pesca ilegal, brazo del crimen transnacional
La JID advierte que la pesca INDNR opera como un brazo más del crimen transnacional. Las rutas marítimas usadas por embarcaciones ilegales —incluidas flotas chinas, responsables del 20% de la pesca ilícita en la región— son aprovechadas para narcotráfico, contrabando de petróleo y trata de personas.
Este entramado delictivo genera inestabilidad regional y dificulta la identificación de infractores, debido a la falta de regulación y tecnología para monitorear aguas internacionales.
Esto no solo desploma especies como el huachinango, sino que desata una competencia desleal: el “lavado de pescado” permite que productos capturados ilegalmente ingresen al mercado como legales.
Organizaciones como Oceana y RAND Corporation destacan que la descoordinación institucional, los recortes presupuestarios y las “zonas grises” legales —como el transbordo en alta mar— facilitan la impunidad.
Renata Terrazas, explica: “No hay datos claros para priorizar acciones. El declive de las pesquerías podría deberse a la INDNR, la sobrepesca o el cambio climático, pero el Estado no genera información”.
Además, construir casos judiciales es una tarea casi imposible. Las sanciones son mínimas, y las restricciones jurisdiccionales complican perseguir a flotas extranjeras.
Un ejemplo es Tamaulipas, donde pescadores capturan huachinango en aguas estadounidenses, pero México carece de autoridad para sancionarlos al ser devueltos.
Soluciones en el horizonte
La trazabilidad, según la Norma Oficial Mexicana NOM-038-SAG/PESC-2021, pendiente de aprobación, exigiría rastrear el pescado desde su captura hasta el consumidor. Así como el monitoreo satelital:
Una iniciativa en el Senado busca obligar a embarcaciones en Áreas Naturales Protegidas [ANP] a usar sistemas de seguimiento, protegiendo especies en riesgo. Y la cooperación internacional: La JID urge inversiones en tecnología y estrategias regionales para interceptar buques ilegales.
Para México, revertir su calificación negativa requiere no solo leyes más estrictas, sino voluntad política para coordinar acciones, transparentar datos y priorizar la defensa de sus mares. Como señala Terrazas: “Sin información, seguiremos navegando a ciegas”. El costo de la inacción podría ser la pérdida irreversible de ecosistemas marinos y la estabilidad regional, remate Terrazas.
