Monterrey, N.L. / Julio 5.-
Para reforzar las acciones contra la inseguridad, el gobernador Rodrigo Medina anunció la modernización del servicio de taxis, además de enviar una iniciativa al Congreso del estado para tipificar como delito prácticas de “piratería”.
El Ejecutivo estatal detalló, en conferencia de prensa, que el proyecto lo conforman siete medidas como la creación de áreas de taxis, con el fin de controlar el servicio y acotar las zonas en el área metropolitana o fuera de ella.
Se limitará su operación a zonas geográficas lo suficientemente grandes para hacer rentable la operación, las cuales se dividirán en Periférica Poniente, Periférica Norte, Periférica Oriente, Citrícola, norte y sur del estado.
Como medida contra la “piratería” en el servicio de taxis, se emitirán dos mil 10 concesiones zonales con placas y colores exclusivos en las unidades.
“Prestarán servicio al interior de las mismas solamente podrán salir de ellas para dejar pasaje, pero no para recoger usuarios en otra zona, para no caer el problema de en un faltante de oferta”, dijo.
De esta forma, de 2012 y hasta 2015, se otorgarán 144 concesiones zonales, lo cual se ajustará a las necesidades del servicio.
Para el área metropolitana local se emitirán 961 concesiones en 2011 y luego se contemplan 205 anuales hasta el 2015, detalló el gobernador.
Serán unidades ecológicas que operarán bajo el sistema de llamada por servicio para disminuir hasta 30 por ciento la circulación de unidades sin pasaje y cobrarán en efectivo o con tarjetas de prepago o débito.
Como medida para combatir el robo de taxis, a partir de agosto próximo se iniciará la instalación de sistemas GPS, control de emergencia y apagado remoto de motor desde centros de monitoreo desde el C-5, en caso de alguna situación de emergencia o delictiva.
Asimismo, firmó la iniciativa para enviarla al Poder Legislativo y tipificar como delito el servicio de taxis sin permiso, luego de que han sido asegurados más de 400 unidades, las cuales en muchos de los casos participan en ilícitos.
Con el propósito de brindar seguridad a la ciudadanía se contempla establecer el delito contra la seguridad en el servicio de transporte de pasajeros mediante el cual se propone sancionar con prisión de uno a cuatro años y multa de 100 a 400 cuotas a quien ofrezca o preste un servicio de transporte sin concesión o sin licencia.
