Los Angeles, E.U. / Junio 16.-
Ciudades, condados, agrupaciones laborales, empresariales y religiosas presentaron hoy una demanda ante una corte federal de Estados Unidos para bloquear la ley SB1070 aprobada en Arizona.
La querella de acción colectiva, que es encabezada por el condado de Santa Clara, California, pide que la ley sea considerada anticonstitucional.
La ley SB 1070, que ha sido considerada una iniciativa antiinmigrante, permite a autoridades policiales detener a cualquier persona bajo sospecha de carecer de documentos migratorios válidos en el país.
Los denunciantes indicaron que la medida los hace sujetos de acoso y hostigamiento o ser posibles sujetos a arresto por una disposición inválida.
Al condado de Santa Clara se le sumaron los condados de Monterey, Los Angeles y ciudades de Baltimore, Berkeley, Los Angeles, Minneapolis, New Haven, Palo Alto, Portland, Oregon, Saint Paul, San Francisco, San José y Seattle.
Asimismo se unieron el Concilio Nacional La Raza, La Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, la Asociación Barra de Abogados Hispanos (LAHBA por sus siglas en ingles) y la Barra Nacional Hispana (HNBA).
La demanda exige una orden de restricción para que la media no entre en vigor el 29 de julio próximo mientras la corte considera su constitucionalidad.
“La ley de Arizona es un asalto directo a los derechos civiles de la gente y aumentará el temor al perfil racial en comunidades a nivel nacional”, expresó el supervisor del Condado de Santa Clara, George Shirakawa.
“Estamos trabajando en nuestras comunidades para evitar que las corporaciones policiales y alguaciles apoyen a agentes de migración, porque la seguridad pública depende de todos los residentes”, enfatizó.
La ley de Arizona sólo pretende asumir la función que le corresponde al gobierno federal y las autoridades policiales, así como los alguaciles deben entender que su prioridad número uno es proteger a nuestras comunidades”, subrayaron.
Las autoridades han considerado que la SB1070 “es anticonstitucional, impráctica, costosa y profundamente dañina a las relaciones de confianza que deben tener las comunidades de inmigrantes y el público con las agencias del orden”.
La demanda fue presentada en contra de fiscales del condado de Arizona así como alguaciles, que serán los primeros en aplicar la mencionada ley.
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