Cuando el sistema de control conductual de una sociedad está basado en el “iusnaturalismo” no debe haber confrontación ni disputa entre las leyes positivas (aquellas que son creadas por el Hombre a partir de parámetros claros señalados por las constituciones locales o nacionales, como el derecho al voto, a la propiedad privada, etc.) y las leyes naturales (aquellas disposiciones de conducta que están inscritas en la naturaleza humana, tales como hacer el bien y evitar el mal, o la libertad de expresión, etc.).
Por el contrario, cuando el sistema conductual se fundamenta en el “ius positivismo” las leyes positivas y las naturales no necesariamente están alineadas e, incluso, pueden contradecirse entre ellas. Aquí radica la diferencia entre lo legal y lo moral. Pues una cosa, bajo este sistema, será lo correcto de acuerdo a las leyes (no está penalizado el aborto, por ejemplo) y otra cosa muy distinta será lo correcto en términos morales (el aborto es moralmente malo según la mayoría de los sistemas “iusnaturalistas”, pues matar es malo bajo la premisa de que lo óptimo del ser vivo es que viva. Independientemente de que el acto de matar esté justificado bajo la el argumento de legítima defensa).
En México se está comenzando a vivir un doble discurso que a nadie beneficia, ya que no hay una clara definición entre eso que el nuevo gobierno llama como legal y aquello que considera moral. Por supuesto que en este sentido, no podemos cerrar los ojos ante la corrupción y los abusos de poder que se vinieron gestando bajo los regimenes anteriores… pero tampoco podemos hacernos de la “vista gorda” ante las omisiones o decisiones que se están tomando en términos de una justicia selectiva o acomodaticia.
Insisto con la idea, no todo lo moral es legal y, al revés, no todo lo legal es moral. Y si así van a ser las cosas, entonces comenzaremos a gestar una sociedad hipócrita o bipolar donde a conveniencia podremos pasar de un extremo al otro sin que medie sanción alguna. Donde los actos de corrupción de unos (los fifís, la mafia del poder, etc.) serán condenados y los actos de otros (robo de hidrocarburo, con las consecuencias nefastas que ya conocemos) serán justificados…. porque no tienen de otra.
Ya lo decíamos en una Jirafa previa, si un acto es inmoral o ilegal se debe de sancionar. Unos por vía de la denuncia pública y el rechazo, otros por vía de los procesos legales que solventarán la falta. Si los hay unos y otros hay que señalarlos y hay que eliminarlos… pero sin exclusiones, sin generalizaciones, pero con claridad.
Exijamos al poder Ejecutivo definición y acción, la primera para que toda la ciudadanía entendamos a qué se refiere cuando habla de lo moral y lo legal o de lo inmoral y lo ilegal; y la segunda, para que si va a proponer tipificaciones a actos inmorales los proponga ya, para que ese cambio del que tanto habla se vaya concretando.
Ya se van a cumplir 100 días del cambio de poder… esta Jirafa sigue dando el beneficio de la duda… ojalá que no se llegue al mismo comentario de aquel editorialista conocido y reconocido (Catón), que señaló que ya hay más dudas que beneficios.
Esta Jirafa seguirá atenta.
