Cuando el riesgo de contagio por Covid 19 era muy menor, Nuevo León anticipó medidas. Contra lo recomendado en ese momento nacionalmente, nos metimos en casa y nos ordenaron usar cubrebocas. Cualquiera diría que iniciamos antes para terminar primero. Suena lógico. Pero el SARS Cov 2 no quiso cooperar con los genios epidemiólogos estatales y los ciudadanos se enfrentaron a un dilema: si la federación daba indicaciones que el estado ninguneaba, ¿quién tiene razón? La lógica del “pueblo bueno y sabio” en estas paradojas siempre será impecable: ¡ninguno tiene razón!
Así avanzó la epidemia en Nuevo León, con muchas fisuras en la información, agravadas todavía más por la campaña contra el gobierno federal (esa teoría conspirativa “ficticia” que llaman BOA) y que sistemáticamente ha cuestionado la estrategia nacional contra la epidemia. En estas circunstancias había quienes insistían en decir que la epidemia era una farsa.
Pero la epidemia crecía y en Nuevo León se tomaron otras medidas. Municipios invirtieron un dineral en los llamados “túneles sanitizantes”, que en realidad no sanan a nadie, ¡desinfectan! Algunos municipios han optado por “artillería pesada”, los “cañones sanitizantes”, que tampoco sanan… Sí, pero el virus lo cargamos dentro de nosotros, no en la mochila. En este mismo tono el Estado invierte además varios dinerales en comprar miles de pruebas PCR y organizó su propia estadística, acentuando su distancia de la estrategia nacional. Muchas pruebas negativas, tomadas a novedosos, paranoicos e hipocondriacos, sólo restan capacidad al seguimiento de las verdaderas cadenas de contagio.
Para controlar la movilidad, el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad se puso a jugar al epidemiólogo con el transporte urbano imponiendo horarios que sólo contribuyeron a incrementar el hacinamiento en las unidades. La medida, a todas luces inapropiada, fue cancelada, pero el hacinamiento por falta de unidades continúa, y se vuelve ahora un riesgo mayor para la salud pública… pero nadie, ni el doctor De la O, cuestiona a Noé Chávez. Completamos el cuadro con una reactivación económica de lo más caótica. Los municipios han hecho lo que les ha parecido, “interpretando” las indicaciones federales y estatales.
Tanto el gobernador Rodríguez como el doctor De la O se la han pasado de gira “acordando” estrategias con otros gobernadores, así que el Estado ha “encendido candiles en la calle” y ha invertido muy pocas “luces” en su propia casa para empatizar con los ciudadanos. Sin capacidad para generar confianza en la gente, es difícil que cualquier campaña funcione. No quedó de otra que utilizar medidas radicales. Ya se ha culpado a los ciudadanos por “relajar” las precauciones, el doctor De la O no deja de hacerlo. Pero para que un ciudadano nuevoleonés se sienta culpable es necesario que su culpa sea mayor que la del gobierno estatal. Y parece que no es así.
Si las razones no funcionan, así sean tan endebles, el Estado opta por jugar el juego que mejor juega: el autoritarismo. En complicidad con el ex-honorable Congreso del Estado (sus cuates), el Ejecutivo estatal decreta un decreto que ya estaba muy decretado hasta en el Código Penal Federal. Así se desempolvan las leyes sobre Contagio. Las sanciones que aplican a partir de este martes 30 de junio pueden llegar hasta los 3 años de prisión y multas de hasta a 34 mil 752 pesos. Algunos opinan que es una medida recaudatoria, como ya se aplica en San Pedro con los cubrebocas. Yo creo que es nada más la medida favorita de los déspotas: la intimidación. Una muestra de la incapacidad estatal para enfrentar exitosamente la epidemia y para crear un vínculo solidario en la comunidad. Es el recurso de gobernantes que ya no representan a la sociedad (si alguna vez lo hicieron). Aunque el delito ya existe y ya está calificado, este decreto apurado abre la puerta para cualquier número de excesos. Comprobar el dolo, por ejemplo.
El ciudadano común, y las propias autoridades policiacas y judiciales, no se andan distinguiendo dolos de culpas, algunos ni saben la diferencia. En la práctica se está criminalizando a los enfermos de Covid 19, porque cualquier enfermo se convierte en un potencial delincuente. No creo que sea una medida eficiente de control y dudo mucho que funcione. El delito ya estaba codificado, lo alarmante es cómo se adaptó para esta contingencia. Podría interpretarse mejor no como una medida desesperada sino como la desesperación de la impotencia. Porque se tuvo más tiempo para organizar una buena estrategia y acabó siendo como la de los horarios del transporte, por tanteos.
A mí este decretadero me suena más a las vísperas de un estado de excepción. Si esto no abate los contagios, me aterra pensar en otro decreto restrictivo que se le ocurra al ocurrente gobernador Rodríguez (y a sus compinches legisladores). Si ya quería “mochar” las manos a los ladrones, quién sabe qué se le antoje mocharle a un enfermo de Covid 19… además de la cartera y la libertad, claro.
Yo sí impulsaría, además, otra iniciativa: multa y cárcel a quienes aceptaran un cargo público o buscaran un puesto de elección popular a sabiendas de que son perfectamente inútiles para ejercerlos.
El epidémico decreto
