La inusual e intrigante renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, carece de toda lógica jurídica, no sólo porque se presume que será el encargado de estructurar el proyecto de renovación de la propia Corte que él presidió, para que jueces magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, sino porque el artículo 98 de la Constitución Política de México señala claramente que las renuncias de los ministros sólo procederán por causas graves, y no sabemos que tan grave sea la causa del Ministro Zaldívar de dejar su cargo para ir a MORENA.
Obviamente el Presidente ya aceptó la renuncia y la turnó al Senado, donde la aprobaron de inmediato. Pero lo más grave de esta renuncia es la terna que propuso el Presidente López Obrador para sustituir a Zaldívar.
Se trata de tres mujeres, que en principio, que bueno que sean mujeres porque se necesita también de la inteligencia femenina en la resolución de los casos judiciales que llegan a cada una de las salas y a la sala superior del Poder Judicial. Lo malo, es la relación estrecha con el titular del Poder Ejecutivo de las tres propuestas, y el conflicto de interés que tendrá que evaluar el Senado en cada uno de los casos.
Advierto de antemano que no juzgo la capacidad jurídica de las personas propuestas para integrar la Suprema Corte de Justicia, sino la relación personal con el Presidente, quien siempre ha pretendido tener un control férreo sobre el máximo tribunal, lo que no ha logrado aún.
Empecemos por Bertha Alcalde Luján, hermana de la actual Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, e hija de un destacado abogado laboralista, Arturo Alcalde y de la ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján.
El detalle está en que Bertha Alcalde integraría una sala que resuelve asuntos laborales, los que casualmente litiga su padre en toda la república, de lo que se deriva un innegable conflicto de intereses.
Otra integrante de la terna es María Estela Ríos, quien actualmente es la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República. Es una distinguida jurista que no puede ser ministra, porque la Consejería Jurídica de la Presidencia se equipara a una Secretaría de Estado, con lo que violentaría el artículo 95 de la Constitución Política de México, además de caer en conflicto de intereses, cuando tenga que resolver asuntos contra el Ejecutivo Federal, a quien ella representó como Consejera Jurídica.
Finalmente completa la terna Lenia Batres, hermana del actual Gobernador de la Ciudad de México Martí Batres, labora también en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República como Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, por lo que también está legalmente impedida para ocupar el cargo de ministra.
¿Qué sigue? Si el Senado nombra a una de ellas propiciará una ilegalidad; en el caso de rechazarla, el Presidente podrá enviar una segunda terna y, en el supuesto caso de que no se aceptara, la Constitución le otorga el poder de nombrar a cualquier persona de esa terna para ocupar la vacante que deja Zaldívar.
Hay otro escenario peor; si el Senado se tarda más de 30 días en resolver sobre esta primera terna, el Presidente podrá designar a quien le plazca, como lo establece el artículo 96 del texto constitucional.
No nos desesperemos. Pronto sabremos el final de esta novela política.
