Cd. Victoria, Tam.-
Solo el Poder Judicial tiene facultades para quitar o mantener los derechos políticos a una persona, por lo que el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), esperará la notificación respectiva sobre la situación de 2 mil 894 personas que se registraron como candidatos, incluido Carlos Peña Ortiz, candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa.
El consejero presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, aclaró que el instituto solicitó información sobre la vigencia de los derechos políticos electorales de quienes se postularon como candidatos, lo cual es un trámite rutinario que se hace cada proceso electoral.
“Nosotros no hicimos consulta sobre un caso específico, hicimos la consulta de las dos mil 894 personas… al día de hoy no se ha recibido respuesta alguna, partiendo de que la gestión se realizó prácticamente al filo de las 23 horas del 25 de marzo”.
El consejero presidente del Ietam dijo que el instituto solo se encarga de determina la elegibilidad de una persona que aspire a un cargo de elección popular, de acuerdo a los requisitos constitucionales y legales.
“Solo a las autoridades judiciales les corresponde pronunciarse respecto de, si una persona es o no suspendida en sus derechos políticos, no al IETAM. A nosotros nos corresponde determinar si las personas registradas cumplen o no cumplen con los requisitos de elegibilida”. señaló.
De esta manera, añadió, si un aspirante no cumple con los requisitos de elegibilidad, como contar con sus derechos político electorales a salvo, no podrá ser candidato.
Ramos precisó que, hasta el pasado martes no había recibido alguna notificación por parte del Poder Judicial del Estado, pero confió en que esto ocurra antes del 30 de marzo.
“Esperaría la respuesta por parte de las autoridades del Supremo Tribunal de Justicia, de la coordinación general del Registro Civil y del propio Registro Federal de Electores para que se de vista a las personas involucradas y sean los propios partidos políticos los que definan la estrategia a seguir”, refirió.
Insistió en que el único facultado para suspender derechos políticos de una persona es el Poder Judicial. (Con información de Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx)
