Monterrey, N.L.-
Ante la presunta suspensión de apoyos económicos a miles de beneficiarios desde agosto, la diputada local, Armida Serrato Flores, solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizar una revisión especial de los recursos estatales destinados a los programas sociales que opera la Secretaría de Igualdad e Inclusión.
La legisladora del PRI entregó su petición ante la Oficialía de Partes del Congreso local, en la que pidió auditar los programas “Hambre Cero”, “Impulso a Cuidadoras”, “Incluir para Ser Iguales” y “Jefas de Familia”, los cuales, según denuncias ciudadanas, dejaron de entregar apoyos mensuales de 800 pesos desde hace dos meses.
“Presenté la solicitud de una auditoría directamente al programa de ayudas sociales a personas que está dentro de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, porque como todos ustedes saben, nuevamente no depositó la Secretaría directamente a miles de beneficiarios”, explicó Serrato Flores.
La diputada recordó que una situación similar ocurrió el año pasado, cuando los apoyos se suspendieron de agosto a diciembre de 2024, sin que existiera una explicación clara por parte del gobierno estatal.
“El año pasado también denuncié que de agosto a diciembre no se entregaron los apoyos, otra vez, en este 2025, nuevamente empieza a suceder, curiosamente en el mismo mes de agosto”, señaló.
Serrato Flores aseguró que, pese a que en 2024 la Secretaría de Igualdad e Inclusión reportó no haber entregado los apoyos, la Plataforma Nacional de Transparencia muestra erogaciones mensuales por 7 millones 641 mil pesos para esos mismos programas.
“Ahí es donde hago el cuestionamiento del por qué sigues erogando una cantidad igual mes por mes si no entregaste los apoyos”, enfatizó.
La legisladora priista aseguró que la situación es aún más preocupante este año, ya que la dependencia estatal reportó un incremento de 1,800 por ciento en el gasto de programas sociales.
“Si el año anterior estábamos hablando de siete millones seiscientos mil, ahora durante los meses de enero y febrero reportados por la propia Secretaría es un total de 140 millones 857 mil pesos, mi pregunta es por qué, si hubo un incremento tan alto, no se han entregado los apoyos”, cuestionó.
Asimismo, explicó que, aunque la ASE está próxima a presentar la cuenta pública estatal, la ley permite realizar auditorías excepcionales, y solicitó que se apliquen de inmediato para revisar el destino de los recursos.
“Estoy pidiendo que la Auditoría revise cuál ha sido la razón del recurso no entregado, y que la Secretaría de Igualdad e Inclusión reporte ante este Congreso todo el soporte documental, tanto financiero como de entrega de apoyos”, detalló.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión Anticorrupción, que preside la propia diputada Serrato, quien denunció que diputados de Movimiento Ciudadano intentaron impedir el trámite, lo cual genera sospechas sobre un posible intento de encubrimiento.
“Movimiento Ciudadano pretendió boicotear el turno, como lo hizo en la comisión de la semana pasada, señalando un trámite erróneo, estoy completamente segura de que es un tema donde se presumen actos de corrupción”, sostuvo.
La priista también advirtió que las irregularidades podrían estar relacionadas con uso electoral de los recursos, al recordar que la suspensión de apoyos coincidió con los periodos posteriores a las elecciones locales.
En este marco, lamentó que los presuntos desvíos afecten a grupos vulnerables, como personas con discapacidad o madres jefas de familia, y criticó que el gobierno estatal presuma programas sociales sin garantizar su cumplimiento real.
Finalmente, la diputada exhortó a los legisladores de Movimiento Ciudadano a permitir la fiscalización de los recursos públicos, y advirtió que de no hacerlo se fortalecerá la sospecha de corrupción.
