Monterrey, N.L.-
A fin de sancionar severamente la compra y coacción del voto, entre otros ilícitos, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, Gustavo Solís Ruiz, presentó una iniciativa de nueva Ley de Delitos Electorales, la primera en su tipo a nivel nacional.
Tras entregar la propuesta ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, el fiscal electoral explicó que el objetivo es fortalecer la democracia y garantizar el voto libre en la entidad.
La nueva ley estatal sería complementaria a la legislación federal vigente y tipificaría nuevas conductas penales que actualmente no están sancionadas, con el objetivo de proteger la integridad de los procesos electorales y la voluntad ciudadana, apuntó.
La Fiscalía Electoral del Estado está dando un paso importante para proteger y fortalecer la democracia de Nuevo León, cuando la simulación, las trampas o los abusos la acorralan, la democracia pierde su esencia”, señaló Solís Ruiz.
La iniciativa contempla entre 45 y 50 tipos penales, con sanciones que van de seis meses a nueve años de prisión, dependiendo de la gravedad y los agravantes de cada delito, indicó.
Entre las conductas que se busca penalizar destacan la compra y coacción del voto, el uso de instrumentos tecnológicos como códigos QR o “acordeones” para verificar el sentido del voto, así como la simulación de candidaturas de grupos vulnerables, añadió.
“Cuando personas ajenas simulan pertenecer a comunidades vulnerables para apropiarse de espacios de representación, están despojando a esos grupos de su voz, quien lo haga debe ser sancionado y considerado delincuente”, enfatizó.
La propuesta, dijo el fiscal electoral en la entidad, también incluye sanciones por difusión de noticias falsas y campañas de desinformación (“guerra sucia”) con fines electorales, sin afectar la libertad de expresión o el debate político legítimo.
Asimismo, plantea facultar a la Fiscalía Electoral para investigar delitos en procesos de revocación de mandato, recolección de firmas para candidaturas independientes, procesos internos partidistas y elecciones judiciales.
“Es una ley muy completa, esperamos que el Congreso abra el debate, escuche a la ciudadanía y a los actores políticos, y que Nuevo León se convierta en punta de lanza con una legislación penal electoral local”, subrayó.
Solís Ruiz reiteró que el documento se presentó con tiempo suficiente para que el Congreso lo analice, debata y eventualmente lo apruebe antes del próximo proceso electoral en el estado, previsto para 2027.
