Hay momentos en los que el periodismo deja de ser un simple oficio para convertirse en un ejercicio de conciencia.
El caso de una niña de apenas 11 años, víctima de una agresión sexual y posteriormente embarazada, no solamente puso bajo los reflectores una dolorosa realidad social. También colocó al periodismo frente a uno de sus dilemas más incómodos:
¿Hasta dónde informar? , ¿en qué momento informar comienza a convertirse en una forma de daño?
La historia comenzó con el descubrimiento de su embarazo. Y pronto esto se convirtió en “la gran noticia”.
Después llegaron las entrevistas a la madre, a la abuela y al padrastro, señalado públicamente como presunto responsable. Llegaron las cámaras a la vivienda familiar, las fotografías de la fachada, los videos, los enlaces en vivo y una sucesión interminable de publicaciones.
La tragedia dejó de ser solamente una tragedia. Y se convirtió en contenido.
Y ahí estuvo el problema.
Porque detrás de cada publicación había una niña.
Una niña que no decidió convertirse en noticia. Una niña que ya había sido víctima de una agresión sexual y que, en lugar de encontrar alrededor suyo un muro de protección, terminó expuesta ante miles de personas.
Su privacidad fue vulnerada.
Su identidad fue puesta en riesgo.
Su intimidad fue convertida en materia prima para la conversación pública.
Y aunque no se haya mostrado directamente su carita, cabe preguntarnos si realmente hace falta mostrarla, cuando se publicaron suficientes elementos para identificarla.
La protección de una menor no puede reducirse solamente a “no publicar su rostro”.
También implica proteger su nombre, su domicilio, su entorno, su historia y cualquier dato que pueda permitir que otros sepan quién es.
Pero quizá lo más preocupante fue lo que vino después.
La sociedad comenzó a discutir qué debía hacerse con el embarazo.
Surgieron voces que, con una seguridad casi sorprendente, se sintieron autorizadas para decidir sobre una situación que no les pertenecía.
Opiniones de todos los colores. Una avidez brutal por consumir publicaciones y comentar sobre su historia.
Juicios, descalificaciones, burlas pronunciadas desde el anonimato de una pantalla y un teclado.
Y nuevamente olvidamos lo esencial: No estábamos hablando de un personaje público. Estábamos hablando de una niña.
Una niña que necesitaba protección, acompañamiento y justicia.
No exposición. No morbo. No una multitud opinando sobre su vida.
Y aquí caben unas preguntas para quienes ejercemos el periodismo, porque sería muy sencillo señalar únicamente a quienes cometieron la agresión y olvidar que, alrededor de esa tragedia, también hubo una carrera por obtener declaraciones, imágenes, entrevistas y audiencia:
¿Realmente era necesario mostrar la fachada de su casa?
¿Era indispensable transmitir en vivo desde su entorno?
¿Era ético insistir ante una madre o una abuela que, evidentemente por su bajo nivel cultural, no dimensionaban las consecuencias futuras de cada palabra pronunciada frente a una cámara?
Y la pregunta más incómoda:
¿Cuantas de esas publicaciones fueron hechas para informar y cuántas para generar tráfico, audiencia o “likes” ?
En esta historia y otras similares, no toda información merece ser publicada.
Y no todo aquello que puede convertirse en noticia debe convertirse en espectáculo.
El periodismo tiene derecho —y obligación— de investigar los hechos, si. Tiene el deber de señalar responsabilidades, exigir justicia y colocar sobre la mesa aquello que las autoridades preferirían mantener oculto.
Pero ese derecho tiene límites.
Y uno de ellos debería ser siempre la dignidad de una víctima, particularmente cuando se trata de una menor.
Una víctima no deja de ser víctima porque su historia sea noticia.
Al contrario: precisamente porque su historia es noticia, el periodismo debe extremar la prudencia.
A veces, la mayor muestra de profesionalismo consiste precisamente en saber qué no publicar.
Porque informar es una responsabilidad. Pero proteger la dignidad humana, es una obligación moral.
