Monterrey, N.L.-
Los legisladores locales, Javier Caballero Gaona (PRI) y Carlos de la Fuente Flores (PAN) presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado, con el objetivo de prohibir que el Gobierno Central cobre el “impuesto verde” a instituciones paraestatales, específicamente a Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).
Al presentar su propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, los diputados, expusieron que esta carga fiscal ha mermado severamente las finanzas del organismo, afectando su capacidad para resolver la actual crisis de drenaje sanitario que afecta a la entidad.
Según lo expuesto por los legisladores, el pago de este gravamen ha representado una fuga de recursos crítica, con una erogación en 2025 de 1,300 millones de pesos, por lo que el acumulado en el actual gobierno asciende a unos 4,000 millones de pesos destinados al pago de este impuesto en los últimos cuatro años.
“Samuel García está exprimiendo a Agua y Drenaje para fondear los proyectos de su gobierno, no le importa quebrar instituciones estatales con tal de conseguir sus fines”, aseveró De la Fuente Flores, coordinador legislativo de la bancada del PAN.
La propuesta de reforma tiene por objetivo modificar los artículos 125, 131 y 137 de la Ley de Hacienda estatal, para que los organismos públicos descentralizados o autónomos que ya estén exentos de impuestos federales o estatales por ley, no estén sujetos al pago del impuesto verde.
De igual forma, que se respete la autonomía financiera de las paraestatales frente al Gobierno Central, expusieron los promoventes.
Javier Caballero Gaona, quien funge como representante del Congreso ante el Consejo de Administración de AyD, denunció que la paraestatal ha ignorado órdenes directas del Consejo.
“En la sesión de septiembre u octubre, el Consejo le ordenó a Agua y Drenaje dejar de pagar este impuesto hasta agotar instancias legales, consideramos prudente esta modificación ante la violación de dichos acuerdos”, señaló el priísta.
Además de la reforma, los diputados solicitaron a la Auditoría Superior del Estado (ASENL) realizar un análisis a fondo de la Cuenta Pública 2025 para verificar la legalidad de los pagos realizados bajo este concepto y determinar responsabilidades por el posible incumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración.
