Monterrey, N.L.-
Organismos cívicos, empresariales y académicos presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana de reforma judicial, con el objetivo de establecer reglas claras en la elección de jueces y magistrados en Nuevo León, proceso previsto para 2027 bajo el modelo de voto ciudadano.
La propuesta, respaldada por diversas organizaciones de la sociedad civil, universidades y cámaras empresariales, busca fortalecer la confianza en el sistema judicial ante el cambio histórico que implicará elegir a las personas juzgadoras mediante sufragio.
Mauricio Garza Garza, presidente del Consejo Cívico, señaló que, si bien el nuevo esquema representa una oportunidad democrática, también conlleva riesgos que deben atenderse con reglas claras.
“La justicia no puede depender de campañas llamativas, concursos de popularidad o del dinero invertido, es una función técnica, ética y profundamente delicada”, subrayó.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la implementación de una evaluación técnico-jurídica previa para quienes aspiren a aparecer en la boleta electoral.
Lila Zaire Flores Fernández, especialista en Derecho, explicó que este filtro permitirá garantizar que los candidatos cuenten con la preparación y habilidades necesarias.
Además, se contemplan requisitos más estrictos para asegurar la idoneidad de los perfiles, evitar conflictos de interés y fortalecer la independencia judicial.
La propuesta también incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con funciones diferenciadas, donde se separen claramente las tareas de investigación, sanción y evaluación del desempeño, a fin de evitar abusos de poder y garantizar imparcialidad.
Desde el ámbito académico, José Roble Flores Fernández, de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, destacó que la función de juzgar requiere formación, criterio y responsabilidad, por lo que advirtió que no debe improvisarse la integración del Poder Judicial.
Por su parte, el representante del sector empresarial, Roberto Cantú Alanís, presidente de Coparmex, enfatizó que la certeza jurídica es fundamental para el desarrollo económico del estado, ya que la falta de confianza en los procesos judiciales impacta directamente en la inversión y el crecimiento.
En tanto, Juan Pablo Campos, explicó que la iniciativa propone reducir el número de candidaturas por cargo, con el fin de facilitar la decisión ciudadana, además de limitar la intervención de actores políticos y el financiamiento en las campañas judiciales.
Asimismo, se plantea prohibir que funcionarios públicos o partidos políticos influyan en el proceso, con el objetivo de garantizar la imparcialidad.
Los promoventes destacaron que la iniciativa se construyó a partir del diálogo entre sociedad civil, academia y sector privado, con el propósito de asegurar que la reforma fortalezca la justicia y no la debilite.
El proyecto cuenta con el respaldo de organismos como Caintra Nuevo León, Coparmex Nuevo León, Canaco Monterrey, así como instituciones académicas entre las que destacan el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey y la Universidad Regiomontana, entre otras organizaciones.
Finalmente, los impulsores hicieron un llamado a los legisladores locales para analizar y aprobar una reforma que priorice la confianza ciudadana, la independencia judicial y la selección de los mejores perfiles para impartir justicia en el estado.
