Monterrey, N.L.-
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que concedió una suspensión al gobernador Samuel García dentro de la controversia constitucional promovida contra el juicio político en su contra generó posturas encontradas entre diputadas del PRi y MC en el Congreso de Nuevo León.
Mientras la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, sostuvo que el fallo fortalece la facultad del Poder Legislativo para continuar con el procedimiento, la diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, consideró que la suspensión evidencia la falta de elementos suficientes para sancionar al mandatario estatal.
Esto, luego de que la SCJN admitió a trámite la controversia constitucional 386/2026 y otorgó una suspensión que impide la destitución o inhabilitación inmediata del gobernador, aunque precisó que el procedimiento legislativo puede continuar hasta que se resuelva el fondo del asunto.
En rueda de prensa, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, aseguró que el gobernador presentó como un triunfo una resolución que, a su juicio, en realidad confirma que el Congreso puede continuar con todas las etapas del juicio político.
Explicó que la suspensión únicamente impide la aplicación de una eventual sanción, pero no detiene las investigaciones, las audiencias, la elaboración del dictamen por parte de la Comisión Anticorrupción, su eventual aprobación en el Pleno y el envío del expediente al Tribunal Superior de Justicia.
“La Corte nos está concediendo a este Congreso la facultad para continuar con el procedimiento”, afirmó.
La legisladora priísta recordó que el juicio político se desarrolla en cinco etapas: la admisión de la denuncia, la notificación al denunciado, la fase de investigaciones y diligencias, las audiencias y alegatos, y finalmente la elaboración del dictamen por la Comisión Anticorrupción.
Indicó que actualmente el proceso permanece en la etapa de investigación y que continúan recabando información mediante 69 oficios dirigidos a dependencias estatales y federales relacionados con la presunta triangulación de recursos.
Serrato informó además que el Instituto de la Defensoría Pública no respondió al requerimiento para designar un defensor de oficio solicitado por el gobernador, por lo que aún no se conoce quién lo representará durante la etapa de audiencias.
Asimismo, señaló que el Congreso presentó un recurso contra la suspensión otorgada previamente por un juzgado de distrito y analiza promover una queja administrativa ante el Tribunal de Disciplina Judicial .
Ello, al considerar que la resolución contradice criterios previamente establecidos por la propia Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio Político.
La diputada estimó que, si el calendario se mantiene, la Comisión Anticorrupción podría sesionar hacia finales de julio para analizar la información recabada y elaborar un dictamen que podría discutirse entre el 12 y el 15 de agosto, para posteriormente ser enviado al Pleno y, en su caso, al Tribunal Superior de Justicia, sin tener un plazo para resolución.
En contraparte, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, consideró que la decisión de la Suprema Corte demuestra que no existen elementos suficientes para imponer una sanción al gobernador, quien presentó los argumentos necesarios para justificar su petición.
“No hay pruebas suficientes y la Corte concedió la resolución”, expresó, aunque reconoció que el Congreso puede continuar con las investigaciones.
Sin embargo, sostuvo que la suspensión impide que se emita una resolución sancionatoria y cuestionó que la Comisión Anticorrupción haya sustentado parte de su procedimiento en notas periodísticas.
La legisladora afirmó que cualquier determinación debe respaldarse con documentos oficiales para evitar que el proceso se convierta únicamente en un ejercicio de descalificación política.
“Creo que la Comisión siempre se debe respaldar en documentos oficiales para poder emitir un criterio”, señaló.
González Elías calificó el juicio político como un procedimiento con escasos fundamentos jurídicos y consideró que la actuación del Congreso responde más a intereses políticos que a elementos legales.
“Creo que es un tema de politiquería en contra del gobernador”, afirmó y ahora corresponderá a la ministra que concedió la suspensión explicar públicamente los fundamentos de su decisión, luego de los cuestionamientos surgidos sobre la resolución.
