Monterrey, N.L.-
Integrantes de diversos colectivos de protección animal y ciudadanos presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 445 del Código Penal de Nuevo León para endurecer las sanciones por maltrato animal, incrementar las penas de prisión y establecer medidas complementarias para prevenir la reincidencia.
La propuesta fue encabezada por Rodrigo Zepeda, en representación de organizaciones como AMASCOTA, PJI y el Movimiento Revolucionario Juvenil, con el objetivo de fortalecer el marco legal y brindar mayores herramientas de actuación a las autoridades. Entre los principales cambios planteados destaca el incremento de las penas de prisión.
Actualmente, el Código Penal establece sanciones de seis meses a tres años de cárcel por maltrato animal, que pueden aumentar hasta cuatro años cuando la agresión provoca la muerte del ejemplar.
Con la reforma se propone elevar las penas hasta cuatro años de prisión por actos de maltrato o violencia que no causen la muerte del animal y hasta ocho años cuando el delito tenga como consecuencia el fallecimiento de la víctima.
“Buscamos que las penas ayuden para que las personas que cometan un delito de este tipo no logren acceder a beneficios o salidas penales de manera tan sencilla”, explicó Rodrigo Zepeda.
a iniciativa también contempla sanciones adicionales como la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con el cuidado de animales —como veterinarios, entrenadores o cuidadores— cuando sean responsables de estos delitos, el aseguramiento inmediato de los animales bajo resguardo del imputado y la obligación de someter a los agresores a evaluaciones y, en su caso, tratamientos psicológicos o psiquiátricos mediante dictamen pericial.
Los promoventes señalaron que la propuesta surge a raíz de recientes casos de crueldad animal que han generado indignación pública, entre ellos el del perro Rocky, ocurrido en Coahuila, y el de la perrita Canela, en el municipio de Zuazua, el cual continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía.
Asimismo, adelantaron que esta reforma será la primera de una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la Ley de Bienestar Animal de Nuevo León y a otorgar mayores facultades al Ministerio Público y a los consejos ciudadanos para mejorar la atención y seguimiento de las denuncias por maltrato animal.
