Reynosa, Tam.—
Tras denunciar presuntas irregularidades y omisiones en un juicio por despido injustificado que permanece sin resolverse desde hace más de seis años, el asesor jurídico de Derechos Humanos Internacionales con sede en Reynosa, Máximo Amaya Román, solicitó formalmente una revisión a las actuaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como la intervención directa del gobernador de Tamaulipas.
En rueda de prensa, Amaya Román, representante legal de Carlos Armando Ortiz Rangel, explicó que su cliente fue despedido de la empresa funeraria Crasco y que hasta el momento no ha recibido el pago correspondiente por liquidación, salarios caídos e intereses moratorios, cuyo monto asciende a más de 805 mil pesos.
El abogado afirmó que el expediente continúa estancado en el antiguo sistema de justicia que maneja la Junta de Conciliación y Arbitraje, pese a que ya existen resoluciones judiciales y diversos recursos promovidos durante el proceso.
Irregularidades denunciadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje
Entre las principales irregularidades señaladas, destacan que los vehículos embargados como garantía de pago fueron retirados del domicilio de la empresa, a pesar de existir una orden judicial que prohibía moverlos. Indicó que cuando un perito acudió a realizar un segundo avalúo de las unidades, presuntamente estas fueron retiradas del lugar incluso en presencia de personal del Ministerio Público.
Asimismo, sostuvo que la empresa perdió tanto un juicio de amparo como la revisión correspondiente, por lo que estaba obligada a informar periódicamente sobre el estado de los bienes embargados para garantizar el cumplimiento de la sentencia ordenada por la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Amaya Román también acusó que el expediente presentó retrasos injustificados e incluso aseguró que durante un periodo no fue notificado sobre resoluciones emitidas por autoridades federales, enterándose tiempo después de que el juicio ya había sido resuelto en una de sus etapas.
Piden intervención del Ejecutivo y del Sistema Anticorrupción
El representante legal añadió que la autoridad laboral no ha aplicado sanciones por los presuntos desacatos judiciales de la empresa ni ha ordenado el embargo de cuentas bancarias, medida que, afirmó, está prevista en la Ley Federal del Trabajo cuando el patrón incumple con las obligaciones vigentes.
Ante esta situación, hizo un llamado al gobernador Américo Villarreal Anaya para que ordene una auditoría al funcionamiento de la Junta Especial Número 5 perteneciente a la Junta de Conciliación y Arbitraje y atienda el rezago que afecta a numerosos trabajadores cuyos expedientes permanecen pendientes de resolución.
Finalmente, el abogado exhortó a las autoridades estatales, al Sistema Anticorrupción y a las instancias federales a revisar el actuar de la autoridad laboral, al considerar que existen omisiones que han impedido que su representado obtenga justicia después de más de seis años de litigio.
Para consultar detalles sobre la legislación laboral y derechos de los trabajadores, puedes ingresar al portal oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
