José Réyez
Por debajo de las cifras de homicidios y desapariciones crece un fenómeno que el Estado mexicano todavía no consigue medir: la incorporación de niñas, niños y adolescentes a las organizaciones criminales.
Un estudio de la Universidad Iberoamericana advierte que los grupos delictivos han desarrollado auténticos mecanismos de captación, selección y utilización de menores, mientras la respuesta gubernamental continúa fragmentada y predominantemente penal.
En México existe una población invisible que no aparece como tal en las estadísticas de seguridad: niñas, niños y adolescentes reclutados por organizaciones criminales. No existe siquiera un registro oficial que permita saber cuántos son. La Universidad Iberoamericana advierte que cualquier intento por dimensionar el problema debe recurrir a indicadores indirectos, principalmente homicidios y desapariciones.
El cuadernillo Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, elaborado a partir de la sexta sesión de Aula en Acción del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, plantea una conclusión inquietante: el reclutamiento no debe entenderse como un hecho aislado, sino como un proceso que puede conectar captación, desaparición, explotación criminal y muerte.
La discusión reunió a las investigadoras Elena Azaola Garrido, Alejandra Arias Vásquez y Marisol Ochoa Elizondo.
El punto de partida cambia radicalmente la manera de observar el problema: cuando una persona menor de 18 años es utilizada por una organización criminal, la discusión acerca de si ingresó voluntariamente o por la fuerza pierde relevancia. Debe ser considerada víctima.
La aritmética de la violencia
Los números disponibles permiten observar solamente las sombras del fenómeno. Entre 2020 y 2024 murieron por agresiones 6 mil 837 niñas, niños y adolescentes. Los datos preliminares de 2025 registraron otras 1,104 defunciones, concentradas particularmente entre adolescentes de 15 a 17 años.
Entre 2015 y 2025, además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 10 mil 750 víctimas de homicidio doloso de entre cero y 17 años; 7 mil 657 fueron asesinadas con armas de fuego. Las desapariciones dibujan otro costado de la crisis.
Al 8 de junio de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba 126 mil 524 menores que alguna vez habían sido reportados como desaparecidos o no localizados; 18 mil 104 continuaban sin aparecer. Siete de cada diez tenían entre 12 y 17 años cuando desaparecieron.
Sería incorrecto afirmar que todos esos homicidios y desapariciones corresponden al reclutamiento criminal. El propio estudio advierte contra esa conclusión. Pero existe un territorio oscuro entre desaparición, utilización criminal y homicidio que las estadísticas oficiales no permiten reconstruir.
El crimen organizado, mientras tanto, necesita reemplazos.
Un modelo académico citado en el documento calculó que las organizaciones criminales mexicanas tenían entre 160 mil y 185 mil integrantes en 2022 y necesitaban reclutar entre 350 y 370 personas cada semana para sustituir muertos, detenidos y encarcelados. Eso significa más de 18 mil incorporaciones anuales.
La consecuencia resulta decisiva para la política de seguridad: detener más integrantes sin reducir simultáneamente la capacidad de reclutamiento puede producir nuevas vacantes que las organizaciones buscarán cubrir. Según el modelo referido por el cuadernillo, reducir a la mitad el reclutamiento produciría mejores resultados sobre la violencia que simplemente aumentar las detenciones.
La investigación cuestiona también la idea de que los menores llegan al crimen únicamente por pobreza. Existen desigualdad, abandono escolar, violencia familiar y precariedad, pero también intervienen la necesidad de pertenencia, reconocimiento, identidad y protección.
Niños convertidos en recurso
Entre adolescentes que se encontraban en el sistema de justicia penal en 2022, 58.2 por ciento no estudiaba al momento de su detención, 74.1 por ciento había comenzado a trabajar entre los 10 y 15 años y 31.8 por ciento tenía padre, madre o tutor que había estado en prisión.
Las organizaciones criminales explotan esas vulnerabilidades. Observan quién carece de supervisión, establecen vínculos mediante pequeñas gratificaciones y posteriormente incorporan al menor a diferentes tareas. La organización criminal termina ocupando espacios que familia, escuela, comunidad e instituciones dejaron vacíos.
Pero existe otra dimensión todavía más brutal. Los grupos criminales calculan necesidades de personal conforme a territorios y operaciones. No requieren los mismos perfiles para vigilar un punto de venta que para transportar mercancías, reclutar a otros jóvenes o participar en una confrontación armada.
En esa racionalidad, niñas, niños y adolescentes dejan de ser personas y se convierten en recursos operativos sustituibles. Algunos serán utilizados durante años. Otros únicamente mientras dure una disputa territorial. Y algunos tienen, desde el momento de su incorporación, una expectativa de supervivencia extraordinariamente corta.
TikTok, el nuevo territorio de reclutamiento
El teléfono celular modificó profundamente el mercado criminal. El reclutador ya no necesita acercarse físicamente a una escuela o colonia. Puede entrar directamente en la habitación de un adolescente.
Una investigación del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México analizada por el cuadernillo estudió 100 cuentas activas de TikTok: 54.3 por ciento estaban relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación; 47 por ciento tenían como función principal el reclutamiento y 31 por ciento la propaganda.
Las ofertas pueden prometer alojamiento, capacitación, comida, transporte y salarios muy superiores al mínimo. El mecanismo puede comenzar con música, corridos, armas, vehículos, símbolos o videos que glorifican determinada identidad criminal. El algoritmo puede terminar conectando esos contenidos con publicaciones abiertamente destinadas al reclutamiento.
En uno de los videos estudiados aparecieron 868 comentarios de personas solicitando información para incorporarse. El crimen organizado descubrió así algo fundamental: ya no necesita esperar a que los jóvenes habiten físicamente un territorio bajo su control. Las redes sociales permiten llevar la cultura, propaganda y oferta criminal hasta cualquier punto del país.
El gran vacío del Estado
Frente a esta transformación, las especialistas reunidas por la Ibero coincidieron en una crítica central: el Estado mexicano todavía no reconoce plenamente la dimensión del problema. Sin diagnóstico y sin registro nacional, la política pública se construye prácticamente a oscuras.
México tampoco dispone de una política integral de desvinculación comparable con experiencias desarrolladas en otros países. Colombia, por ejemplo, construyó mecanismos especializados para menores desvinculados de guerrillas, paramilitares y organizaciones criminales, partiendo de un principio fundamental: son víctimas cuyos derechos deben ser restituidos.
La diferencia conceptual es enorme. Si el adolescente reclutado es visto fundamentalmente como delincuente, la respuesta será cárcel. Si es entendido también como víctima de explotación criminal, la respuesta debe incluir rescate, protección, atención psicológica, restitución de derechos, educación, reconstrucción familiar y reintegración comunitaria.
Los centros mexicanos de internamiento para adolescentes podrían convertirse en espacios estratégicos para esa intervención. Sin embargo, el diagnóstico recogido por la Ibero señala graves carencias de recursos, personal y capacidades profesionales para desvincular efectivamente a los jóvenes de las organizaciones criminales.
El Congreso tampoco ha conseguido cerrar el vacío. En marzo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 201 del Código Penal Federal para elevar las penas cuando la corrupción de menores tenga como finalidad incorporarlos a la delincuencia organizada. Sin embargo, el dictamen no creó un delito autónomo de reclutamiento ni incorporó específicamente como agravante los mecanismos digitales.
El problema excede, de cualquier manera, la creación de un nuevo delito.
El documento propone una estrategia mucho más amplia: registro y diagnóstico nacional; reconocimiento de los menores reclutados como víctimas; fortalecimiento de escuelas y espacios comunitarios; regulación y vigilancia de plataformas digitales; mecanismos de prevención; fortalecimiento de los centros para adolescentes y un programa nacional de desvinculación y reintegración.
La prevención resulta particularmente importante porque golpea directamente la capacidad de reproducción de las organizaciones criminales. Durante décadas, la estrategia mexicana de seguridad ha medido buena parte de sus resultados mediante capos detenidos, integrantes capturados, armas aseguradas y drogas decomisadas.
El estudio de la Ibero obliga a formular otra pregunta: ¿cuántas personas puede reclutar el crimen organizado para sustituir a cada integrante que pierde? Mientras exista una reserva permanente de adolescentes disponibles, vulnerables o susceptibles de ser captados, las organizaciones podrán reconstruir sus estructuras.
Por eso el reclutamiento infantil no constituye solamente una tragedia de derechos humanos. Es también uno de los mecanismos económicos y operativos que permiten reproducirse al crimen organizado. México enfrenta entonces una paradoja: combate a quienes ya forman parte de las organizaciones, pero todavía conoce muy poco sobre el proceso mediante el cual esas organizaciones producen a sus futuros integrantes.
Y detrás de esa maquinaria aparecen miles de adolescentes cuya trayectoria puede recorrer en poco tiempo un camino que comienza con una pantalla, una amistad, una promesa de dinero o una falsa oportunidad; continúa con el traslado, el arma y la ruptura familiar, y puede terminar en una prisión, una fosa clandestina o una ficha de búsqueda.
La batalla contra el crimen organizado, por ello, quizá tenga uno de sus frentes decisivos mucho antes del primer disparo: en impedir que una organización criminal consiga convertir a un niño en su próximo reemplazo.
