No es coincidencia que el eslogan “mano dura” resuene con más fuerza en los gobiernos de derecha del continente.
La promesa de una solución rápida y quirúrgica al caos es el anzuelo perfecto para un electorado cansado, y la megacárcel se ha convertido en su principal símbolo.
La fotografía es impactante y está diseñada para serlo. Hileras de hombres tatuados, hacinados y cabizbajos, custodiados por guardias fuertemente armados.
Esta imagen, difundida como trofeo de guerra por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, ha desatado una fiebre en América Latina que trasciende lo penal para convertirse en un fenómeno político y comunicacional.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con capacidad para 40.000 reclusos, no es solo una prisión; es la piedra angular de un nuevo paradigma de seguridad que gobiernos de derecha en la región intentan emular, a menudo sin comprender su costo o su contexto.
Lo que comenzó como una respuesta a la masacre de 86 personas por parte de pandillas en 2022, se ha transformado en el modelo a seguir para una derecha radical que ve en la concentración de poder y la suspensión de garantías una receta efectiva.
Bukele, con su régimen de excepción renovado mes tras mes, ha logrado lo que parecía imposible: doblegar a la MS-13 y al Barrio 18.
Sin embargo, el éxito en las estadísticas de homicidios ha venido acompañado de un costo devastador para el Estado de derecho: detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y un régimen penitenciario que, según organizaciones como Human Rights Watch, constituye una violación masiva de los derechos humanos.
El “modelo Bukele” se ha convertido en un objeto de deseo para la derecha latinoamericana, no solo por su eficacia percibida, sino por su poder simbólico.
Políticos de la región han hecho del “CECOT” una palabra de uso común. El recién elegido presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió construir diez megacárceles . Keiko Fujimori en Perú y Jordan Bardella en Francia, ambos de la derecha radical, han elogiado el sistema.
Para estos líderes, las megacárceles no son una solución compleja, sino un anuncio político que apela al miedo y al deseo de venganza. Como explica la investigadora Sonja Wolf, parte del atractivo radica en no entender el contexto político: una autocracia electoral que necesita demostrar su apoyo popular a través de medidas draconianas.
La fiebre se ha extendido por el mapa: Daniel Noboa en Ecuador, Rodrigo Chaves en Costa Rica, Dina Boluarte en Perú y José Raúl Mulino en Panamá, todos han anunciado o iniciado la construcción de sus propias versiones de la megacárcel.
Ecuador, por ejemplo, declaró un “conflicto armado interno” y anunció prisiones como “El Encuentro” con la promesa de ser “igualitas” a las de Bukele.
Sin embargo, la realidad es tozuda. Mientras Bukele celebraba la caída de los homicidios, Ecuador vio cómo su tasa de homicidios se disparaba a 51 por cada 100.000 habitantes en 2025, el año más violento de su historia reciente.
La mera construcción de enormes centros penitenciarios no replica el éxito; solo copia la forma, no el fondo, de una estrategia que incluye acuerdos no declarados y una concentración de poder sin precedentes.
El espejismo de la megacárcel se estrella contra la historia criminal de la región. Algunos de los grupos más poderosos, como el Tren de Aragua, el PCC o Los Choneros, nacieron o se fortalecieron en prisiones hacinadas, convirtiéndolas en centros de operaciones y “universidades del delito”.
El general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía de Colombia, advierte que el populismo punitivo y la idea de que aumentar las penas es la solución están fracasando. Las cárceles masificadas, con poco personal y escasos recursos, son un caldo de cultivo para la violencia, no su antídoto.
El CECOT es una excepción por sus condiciones extremadamente restrictivas y su enfoque en el encarcelamiento de por vida, un costo político y social que pocos países están dispuestos o pueden asumir.
En esencia, las megacárceles abordan los síntomas del crimen organizado, no sus causas. La pobreza, la corrupción y el flujo imparable de cocaína son las raíces de un problema que no se resuelve con cemento y rejas.
La derecha latinoamericana vende una solución simple para un problema complejo, explotando la legítima demanda de seguridad para justificar políticas que a menudo socavan la democracia y los derechos humanos. La obsesión por estas moles de hormigón no es una estrategia de seguridad pública, sino un acto de propaganda política con consecuencias devastadoras para la libertad y la justicia en el continente.
