El problema del transporte y la movilidad no radica en los horarios, sino en la inoperatividad del sistema social, económico y de políticas públicas dentro del que se ahoga. Debido a esto, en Monterrey y su área metropolitana, prácticamente todo el día es “hora pico”. Faltan leyes que promuevan justicia, garanticen la funcionalidad de la movilidad indispensable, obligando a quienes imponen los horarios, a colaborar activamente en facilitar los traslados. Por ejemplo, a las empresas y a los centros educativos, en los que se marcan con rigor las horas de entradas y salidas. (El fundamento a este argumento se puede sustentar sencillamente con datos duros mostrando la cantidad de horas de traslado y de horas hombre -laborales y de tiempo libre- que implica moverse en la ciudad).
No es posible (y mucho menos justo) que una persona a quien se le exige que llegue a su trabajo a una determinada hora, deba disponer de su propio dinero y tiempo personal para cumplir con ese requisito de manera puntual, so pena de ser sancionado o despedido por ausencias o retardos. Nadie les paga las dos horas o más de espera que muchas veces implique poder abordar uno o varios camiones del transporte público, ni se les bonifica el costo del pasaje que deben pagar todos los días. Esto significa que al trabajador le cuesta tiempo y dinero el solo hecho de presentarse a laborar. ¡No es justo que, una persona que entra a trabajar o a estudiar a las 7:30 de la mañana, deba salir de su casa las 4:30 de la madrugada solo para llegar a tiempo, llueva, truene o relampagué! (El porcentaje del salario o del presupuesto personal que un trabajador y su familia y/o un estudiante debe destinar exclusivamente a costear sus traslados diariamente, es cuantificable por simple multiplicación).
La exigencia de horarios y el costo de traslado
Lo mismo sucede para la comunidad escolar en general. No son los trabajadores, ni los estudiantes quienes deben pagar para llegar a donde les exigen cumplir con un horario fijo y específico. Porque, no es el horario en sí el inconveniente, sino el tiempo, el esfuerzo y el costo que implica cumplirlo y las consecuencias que, de no cumplir con puntualidad, recaen no en los que lo exigen (patrones y autoridades escolares), sino en quienes asumen la exigencia (trabajadores, maestros y estudiantes). Por lo tanto, quien exige, debe proveer los medios para que la exigencia se cumpla.
Escalonar los horarios, como proponen, no restituye ni desaparece el problema del transporte fundamental, solo lo dispersa y redistribuye….lo “desparrama” desestructurando la dinámica de las rutinas, sociales, económicas, académicas y laborales sin lograr un verdadero rediseño del sistema de movilidad, mismo que se ha vuelto increíblemente estresante, injusto, inequitativo, inseguro e inoperante. (Un plan de asociación en participación IP-Gobierno, con incentivos y programado para implementarse gradualmente, articulado con mejoras sustanciales al servicio de transporte, sería viable en corto a mediano plazo).
Por justicia elemental, quienes exigen el cumplimiento de un horario estricto, deben proveer, obligatoriamente, los medios para ello. Por ley, todas las empresas deberían proporcionar -pagado por la empresa- un transporte de personal sectorizado y de acuerdo a los turnos laborales, para recoger y dejar a sus trabajadores en el punto más cercano a sus domicilios, de manera que, para llegar a sus casas, solo tengan que caminar una corta distancia o tomar –de ser necesario- un solo camión público o taxi. Y lo mismo para las instituciones educativas. La logística no debe ser complicada. Muchas empresas ya lo hacen, pero deberían ser todas y obligadas por la ley. (Por lo tanto, esto es un llamado a los legisladores y a las cámaras empresariales para que de manera justa, conjunta y coordinada, se atienda el problema del transporte en el origen de la ciudad).
Soluciones sistémicas para la productividad y movilidad
El solo hecho de ahorrarles el dinero, tiempo y esfuerzo que invierten en sus traslados a quienes están obligados a cumplir con horarios laborales o académicos que exigen estricta puntualidad, tendrían un mucho mejor rendimiento laboral y académico si, para llegar a sus destinos, no tuvieran que sacrificar su tanto u calidad de su vida y hasta de su seguridad, no habría excusas ni pretextos para la impuntualidad o el ausentismo; lo que a su vez repercutiría en una mayor y mejor productividad para las empresas y un mayor rendimiento escolar. La inversión no tardaría en traducirse en un beneficio para todos. Además, costear dicha prestación debería ser deducible de impuestos o recibir incentivos, por cuanto resuelve muchos problemas e injusticias sociales además de solucionar el problema del transporte.
¿Transporte público y de personal laboral de calidad por política pública? ¡Sí! Obligatorio, tanto como lo es garantizar la justicia social para el usuario, en el sentido de que usar ese medio no sería ‘opcional’ sino parte del sistema de trabajo obligatorio como la puntualidad que se exige; pero conveniente también, en primera instancia, para el que exige esa presencia y puntualidad, en el sentido de que, proporcionar dicho servicio o prestación tampoco sería por ley.
Dicen que el que paga manda, pero primero…el que manda y demanda tiene que pagar, en el sentido de que usar ese medio no sería ‘opcional’ sino la implementación de un cambio sistemático, regulatorio y cultural en cuanto a la movilidad. No es la gente la que por necesidad debe adaptarse al sistema, sino que es el sistema lo que debe adaptarse a las necesidades de la gente. (Esto no es una protesta; es una propuesta ante lo que requiere respuesta).
*Ya saben que lejos estoy de ser experta en estos temas, pero me gusta soñar.
Para conocer más detalles sobre la regulación y planes de movilidad en la entidad, visite el sitio de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León.
