Ya sea con medidas legislativas o decisiones unipersonales y arbitrarias por parte de las autoridades, la libertad de expresión y la difusión de ideas, opiniones e información de cualquier tema, como lo garantiza el artículo séptimo constitucional, están en riesgo de ser excluidas como una libertad de las y los mexicanos.
Sin embargo, este artículo que tiene vigencia en todo el país desde que el texto constitucional fue aprobado en 1917 por el Constituyente de Querétaro, no aplica en los estados de Puebla y Campeche, gobernados por los morenistas Alejandro Armenta Mier y Layda Sansores San Román.
En Puebla, el congreso dominado por Morena aprobó una reforma al Código Penal, misma que fue publicada y ha entrado en vigor el 14 de mayo pasado, para tipificar el delito de “ciberasedio” el cual define de la siguiente manera:
“Artículo 480 Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.”
Eso significa que en Puebla, puedes ser denunciado y procesado penalmente por insultos a cualquier persona, desde luego, también incluye a funcionarios públicos, que suelen objeto de críticas de los ciudadanos que se sienten defraudados por las acciones de sus gobernantes. Dicho en otras palabras, es delito ejercer la libertad de expresión si se les ocurre escribir en las redes sociales algún agravio contra las y los poblanos, incluyendo los servidores públicos.
La SEGOB se ha pronunciado para que el Gobernador someta a consulta pública esa reforma al código penal, pero independientemente de lo que hagan, ya está publicado y ya ha iniciado su vigencia esta oprobiosa reforma.
En el estado de Campeche, gobernado por Layda Sansores, una jueza de control ordenó la detención y sujeción a proceso al periodista jubilado Jorge González, por haber osado criticar a la gobernadora por el mal gobierno que encabeza.
Como medidas cautelares, se le impuso una multa de dos millones de pesos, la prohibición de ejercer el periodismo y la restricción de publicar en redes sociales durante dos años.
Ambos ejemplos son deplorables y es de esperarse que no fructifiquen en otras entidades federativas, ya que sólo los estados totalitarios y fascistas tienen ese tipo de prácticas para silenciar la disidencia.