Desde que México se consolidó como una nación independiente, el sistema republicano que nos rige ha enfrentado constantes amenazas a lo largo de sus más de 200 años de historia. Estas amenazas han tomado diversas formas, desde golpes de Estado hasta intervenciones extranjeras, como la invasión del ejército estadounidense en el siglo XIX, que culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.
Recientemente, hemos sido testigos de una nueva amenaza, esta vez desde el propio Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum decidió excluir a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de la ceremonia oficial conmemorativa del 108 aniversario de la Constitución Política de México de 1917. El argumento esgrimido fue que la Ministra había faltado al respeto a los otros dos poderes. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria: ha sido el Legislativo y el Ejecutivo quienes han incurrido en una grosera e inconstitucional injerencia en los asuntos internos del Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal constitucional de México. Su función primordial es garantizar que las leyes y los actos de autoridad se ajusten a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. Es la institución encargada de salvaguardar la Carta Magna, asegurar la separación de poderes, preservar el principio democrático y proteger los derechos fundamentales de todos los habitantes del país.
El Poder Judicial Federal tiene sus raíces en la promulgación de la Constitución de 1824. Toda república que se precie de serlo debe sustentarse en principios fundamentales como el respeto a la división de poderes, la soberanía popular, el Estado de derecho y la celebración de elecciones periódicas.
Excluir a uno de los poderes de la República no es propio de un gobierno que se autodenomine democrático y republicano. Por ello, resulta preocupante que la Ministra Presidenta Norma Piña, en su calidad de titular del Poder Judicial Federal, no fuera invitada a una ceremonia de tal relevancia. Es precisamente al Poder Judicial a quien corresponde velar por el cumplimiento del texto constitucional y del marco jurídico en general.
En un momento en que el país enfrenta el asedio de políticas comerciales por parte del gobierno estadounidense, la presidenta ha hecho un llamado a la unidad de todos los mexicanos. Este llamado no debe ser menospreciado, pero es imperativo que la unidad comience por los tres poderes de la Unión. Aunque han surgido diferencias, particularmente por el polémico proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros, es fundamental procurar el fortalecimiento de la República y el respeto mutuo entre los poderes.
Si así se trata a un poder que defiende, en la medida de lo posible, su integridad para evitar su degradación, ¿qué podemos esperar para los nuevos ministros, carentes de experiencia y posiblemente comprometidos con intereses partidistas?
