En un país con una tremenda desigualdad social y millones de pobres, no podemos oponernos a que los gobiernos apoyen a los que menos tienen y que se repartan recursos y pantallas planas de TV en los hogares de escasos recursos. Sí. Pero también debe denunciarse la falta de trabajo social de los autoridades para evitar que haya abusos del mismo personal encargado del reparto de bienes y dinero y, no se diga, de muchas personas que los reciben.
Me refiero en concreto a muchas mujeres que están inscritas y aceptadas en programas sociales por el simple hecho de ser mayores de 65 años. Pero dicha edad no es suficiente para ser beneficiaria de tan bondadoso programa, pues algunas de ellas cuentan con recursos de más y no tienen necesidad de “limosnear”.
Claro que se trata de mujeres “picudas” que se atienen al dicho “a quién le dan pan que llore”, aunque en el fondo están cometiendo una injusticia, amparadas en la lenidad de las autoridades, pues con lo que ellas se “roban”, bien podría aumentárseles los montos de la ayuda a las más desamparadas e inclusive incluir a otras mujeres en situación de apremio pero que son descartadas porque reciben una miseria de pensión del IMSS.
El reparto gratuito de las pantallas de TV por parte del gobierno federal, con motivo del inminente apagón analógico, dejó en claro esta realidad contundente, pues basta con hacer una encuestas para saber a dónde fueron a dar muchos de estos aparatos entre esas mujeres que tienen hasta para surtir cada rincón de su casa en tiendas y mueblerías. De ahí que se deshicieron de inmediato del regalo de Peña Nieto rematándolo o rifándolo entre sus amistades.
Paso a explicarme con más claridad: hay señoras de más de 65 años que, en efecto, no tienen pensión del IMSS y por tanto aparecen como sujetas del programa y otros beneficios por su edad. Sí, por su edad nada más, porque resulta que son esposas de jubilados o pensionados que cobran buena lana en el IMSS y a veces de otras instituciones al mismo tiempo, como de la Universidad pública, de Ferrocarriles, de Pemex, de sindicatos diversos, etc.
Conocí el caso de un petrolero jubilado con una pensión superior a los 60 mil pesos mensuales y que le da la gran vida a su mujer con el legítimo resultado de su esfuerzo durante años en Pemex. Pero no me pareció justo enterarme que inscribió a dicha esposa para que tenga las prebendas de los programas oficiales, por el simple hecho de ser ella mayor de edad.
Otras más tienen una tienda o negocio que les deja buen dinero en los mercados rodantes y como no pagan impuestos se hacen pasar como pobres y con toda desfachatez van a inscribirse al programa, igual como lo hacen mujeres que cuentan con recursos de los hijos profesionistas e inclusive de hijos políticos cuyo sueldo es un insulto a la razón. Pero como ellas dicen que ese dinero no lo ganan ellas y no aparecen entre las pensionadas del IMSS, pues entonces abusan de tal circunstancia.
Claro que también se cuelan en el programa de 65 y más algunos hombres flojos, verdaderamente flojos, y otros que trabajan por su cuenta y que al no estar protegidos por la seguridad social, les basta con estirar la mano y recibir la dádiva del gobierno, sin ser investigados en realidad para certificar su necesidad.
En cambio, vea usted el caso de muchas viudas desamparadas que apenas sobreviven con la miserable pensión del IMSS que les dejó su esposo, o un hijo que falleció soltero, y por ese simple hecho en el gobierno les cierran las puertas de toda ayuda. Sí, es cierto, gozan de la prestación del servicio médico, pero el dinero no les alcanza más que para subsistir o algo más que lo indispensable.
¿Quién tiene más necesidad? ¿Las señoras en situación de viudez marginadas a más no poder o las señoras que viven hasta con lujos gracias a los años de perseverancia en el trabajo de sus esposos o hijos solteros?
Por eso es urgente revisar cada caso. Y es urgente que personal de Trabajo Social bien calificado certifique el derroche de dinero de nuestros impuestos por los abusos de quienes no tienen necesidad aunque rebasen los 65 años o más.
Que no se deje de beneficiar a los más pobres en todo México, por favor. Pero que los gobiernos, sin dejar de ser sensibles a la urgencia de los marginados, aplique la lupa en sus programas ex profeso para que se siga atendiendo a las personas y familias en crisis, cortando de tajo los abusos de las oportunistas.
Ojalá sea cierto. Porque con este Rodriguito no se ha conseguido nada en este aspecto. Ponle el ejemplo, “Bronco”.
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