Más allá de un marco jurídico para la cultura

México, D.F. / Septiembre 27.-
La antropóloga Lucina Jiménez, coordinadora del Consejo Asesor de la Comisión de Cultura de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, explicó en entrevista que el ejercicio de hacer estas propuestas busca abrir las estructuras de participación de la sociedad civil en la definición de las políticas culturales.
“Estamos frente a la necesidad de tener una política cultural de Estado; en darle viabilidad al cumplimiento del mandato constitucional de los derechos culturales y cómo darle dimensión real a la democracia cultural. Esto orienta lo que el Consejo pueda hacer”.
Jiménez reconoce que existe la expectativa de que la normatividad del sector cultural se tiene que reducir a una ley, en concreto a una ley general de cultura: “Pensamos que es exactamente lo contrario: tenemos que hacer que la cultura entre en un sentido de transversalidad en relación con todos los campos del desarrollo. No tiene sentido una ley única, endógena, que se limite a discutir la personalidad jurídica de la institucionalidad de la cultura. No creemos que la problemática del sector cultural se resuelva con una ley general de cultura que, en el fondo, ni se necesita, porque lo que urge es ver cómo entrar al área de economía, a la de desarrollo social. No estamos en contra de las instituciones, pensamos que las instituciones no se van a fortalecer si la sociedad civil no se fortalece”.
El Consejo trabajará en dos etapas, en lo factible e inmediato con la actual legislatura; y a largo plazo, para plantear un documento de prioridades con miras a trazar una política cultural de Estado.
Además de la iniciativa de “Ley de Coordinación sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial”, el Consejo Asesor está proponiendo el tema de los estímulos a la pequeña y mediana industria cultural. “Estamos frente a una circunstancia de tener a las asociaciones culturales frente a la pared, estamos en una asfixia de la sociedad civil. Proponemos además que sea más transversal la reforma al artículo 226 para que no vaya disciplina por disciplina, no sólo a las artes, sino también a la formación en artes”.
El Consejo lo integran entre otros, Renán Alberto Guillermo González, Renato González Melo, Jorge Sánchez Cordero, Hilda Trujillo Soto y Eduardo Cruz.
Este órgano propuso a la Comisión de Cultura también la creación de un observatorio de política cultural y fiscalización: “No queremos sustituir las funciones de la Auditoría Superior, lo que nos interesa es avanzar en cuáles son las prioridades de la política pública”, dijo Jiménez.
Contra la falsificación
Hilda Trujillo, directora de los Museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo explicó que las propuestas a los diputados en el caso del tema de los recursos etiquetados busca que no se otorgue dinero a grandes empresas como en 2010, que se dio dinero a TV Azteca para las orquestas y, en cambio, las asociaciones culturales no tienen. “Pedimos que se haga transparente la entrega de los recursos. O ahorita Conaculta le acaba de entregar 60 millones al Festival de la Ciudad de las Ideas, de Puebla. Que se dé dinero a proyectos multiplicadores, que se entregue a los estados, sin pasar por Conaculta porque ahí es donde se deforma, que se dé prioridad a organizaciones de la sociedad civil que acrediten su misión cultural por más de tres años”.
Trujillo dijo que otra de las propuestas presentadas que ya se llevará al Pleno es contra la falsificación de obras de arte.