Plantean en Senado que Estado pague pruebas de paternidad

México, D.F. / Noviembre 11.-
El senador del PAN Ricardo Torres Origel presentó una iniciativa para que el Estado mexicano pague el costo de las pruebas de ADN a madres solteras, con el fin de comprobar la paternidad de sus hijos.
La primera parte de la iniciativa obliga al Estado a reconocer en la Constitución el derecho de identidad de la infancia, ya que es una omisión el que no esté reconocido y que se hable de él en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La iniciativa del senador panista por Guanajuato, plantea que las entidades federativas garanticen de manera gratuita las pruebas periciales en materia genética ante los juzgados civiles, “a fin de que las madres solteras puedan llevar adelante sus procesos jurisdiccionales para que sus hijos puedan ser reconocidos por su padre y con esto tener derecho a una pensión alimenticia y a la herencia patrimonial”.
Lo anterior, con el propósito de garantizar el derecho de la infancia a la identidad y fomentar la paternidad responsable.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
La propuesta reforma el artículo 4 de la Constitución y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Torres Origel afirmó que es necesario “que el Estado se obligue a reconocer en la Constitución a reconocer el derecho de identidad de la infancia, ya que es una omisión el que no esté reconocido y que se hable de él en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Dijo que el objetivo es que el menor de edad no sólo conozca a su padre, sino que éste lo cuide cumpliendo con sus obligaciones jurídicas con respecto a su hijo.
“Considero que tenemos que hacer más por los hijos que son ignorados por su padre. Debe fomentarse la paternidad responsable, el interés superior del niño sobre la disposición de su presunto progenitor y una mayor accesibilidad para demostrar la paternidad”, apuntó.
Torres Origel explicó que con su propuesta en los casos donde los presuntos padres no reconozcan a sus hijos, los menores o sus representantes podrán solicitar a la administración pública de las entidades federativas asesoría jurídica gratuita para que, en un juicio de paternidad ante las autoridades judiciales locales competentes, hagan valer la paternidad del presunto padre.
“Las administraciones públicas de las entidades federativas apoyarán no sólo jurídicamente en los juicios, sino que además deberán realizar por sí, o por un tercero a cargo de la propia entidad, las pruebas periciales en materia genética.
“Dichas pruebas serán gratuitas al menor y al presunto padre o madre, cuando se las solicite el mismo menor, el padre, la madre, la autoridad judicial o su representante legal. Así, se practicarán las pruebas de ADN que le darán certeza al juzgador en la sentencia que emita”, refirió.
Refirió que la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989, reconoce que los niños son individuos con derecho a su pleno desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus opiniones.
La Convención, continuó, obliga a cada Estado firmante a que adopte las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos por la misma y México suscribió esta Convención el 26 de enero de 1990, por lo cual esto hace que su contenido resulte obligatorio para el Estado mexicano.