Oaxaca, Oax.-
Las juezas y fiscales se enfrentan a los patrones patriarcales y estereotipos de género que existen en la sociedad, grandes perpetuadores de desigualdad, así como de la proporción dispar de mujeres en los diferentes tribunales y juzgados, sostiene Erika María Rodríguez Rodríguez, jueza del Tribunal de Enjuiciamiento de Oaxaca.
Esta discriminación contra las mujeres, afirma, existe a pesar de los diversos instrumentos internacionales y leyes nacionales implementadas para contrarrestar el tema.
¿Es necesario crear más leyes o modificar las que ya son existentes?
—El problema no radica en la ausencia de normas, sigue siendo un problema estructural y sistemático, que radica en la desigual o escasa implementación de medidas paritarias por parte de los Estados.
Y puede verse la discriminación por motivos de género en la conformación de la judicatura.
En ese sentido, la jueza advierte que conforme se asciende en la escala profesional, el número de mujeres en puestos de dirección o de alta jerarquía disminuye de manera considerable, “siendo esta una tendencia constante a nivel global”.
Erika Rodríguez es víctima de esta discriminación. Actualmente mantiene un proceso de amparo contra el procedimiento con el cual se designan las magistraturas en la entidad, con el cual busca quitar al gobernador la facultad de designar las magistraturas del Poder Judicial local, además de garantizar la paridad de género.
Ejercer ese derecho la ha convertido en sujeto de persecución política, hostigamiento y violencia de género; incluso hay una denuncia penal en contra suya y de sus abogados, presentada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través de la Consejería Jurídica del gobierno de Oaxaca.
El pasado 18 de noviembre, la jueza Erika Rodríguez fue invitada a participar como comentarista en la presentación del informe Participación de la mujer en la administración de justicia, elaborado por el relator especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, también participaron la directora del Núcleo DESDEH de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúniga Añazo, y la directora de Independencia Judicial de Perú (DPLF), Úrsula Indacochea.
En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que coincide con el informe de García-Sayán sobre la necesidad de diseñar y poner en marcha un sistema de cuotas que no sea meramente simbólico, con el fin de asegurar la igualdad en el ingreso a cargos de la administración de justicia y lograr una mayor igualdad desde una perspectiva geográfica o regional. Porque a pesar de la discriminación y la violencia que se ejerce en contra de las juezas, ellas continúan cumpliendo con su deber diariamente, remarca Rodríguez.
¿Qué impide que se alcance la igualdad en puestos de administración de justicia?
—La eliminación de la discriminación contra la mujer requerirá cambios sistémicos en las estructuras sociales que, a su vez, exigen una fuerte voluntad política.
Este informe sobre independencia de los magistrados y abogados, agrega, resulta trascendental, porque en un estado democrático la división de poderes y la independencia de los mismos garantizan el respeto a los derechos humanos de cada uno de los individuos.
“Si las autoridades o representantes del Estado no respetan los derechos humanos, quienes obligan a que se respeten los derechos, son los jueces. En este informe se pone de relieve que precisamente en los sistemas judiciales existen violaciones a los derechos fundamentales de juezas, las mujeres que imparten justicia; es decir, en la casa de la justicia emana la injusticia hacia quienes van a procurarla y administrarla”.
Rodríguez Rodríguez resalta que en el informe se reconoce que existe discriminación hacia las mujeres en el sistema judicial, implícitas en barreras institucionales y estructurales, como las que impiden el acceso adecuado, la promoción y la permanencia de mujeres en la judicatura y la fiscalía.
¿Qué hace falta para eliminar la brecha?
—Los problemas que enfrentan las mujeres en la administración de justicia son los prejuicios y estereotipos; las dificultades para conciliar la vida personal y profesional; la escasez de mentoras y redes de apoyo eficaces; el choque con el “techo de cristal” o la falta de transparencia en los nombramientos.
El informe de la ONU destaca que el Poder Judicial Federal ha emitido dos convocatorias exclusivas destinadas a mujeres para concursar por plazas de juezas de distrito y magistradas, como parte de las medidas afirmativas para incorporar mujeres a los niveles superiores de la carrera judicial. A nivel estatal, en su mayoría, persiste la discriminación hacia las mujeres.
Además de la falta de transparencia en ciertos procesos de selección y nombramiento de juezas y magistradas que bloquea la entrada de mujeres en la judicatura.
Y puntualiza que bajo la apariencia de nombramientos fundamentados en un enfoque de género “pueden esconderse nombramientos políticos que no son compatibles con los requisitos de autonomía, independencia e idoneidad”.
Es por ello que la jueza coincide en que es imprescindible fomentar la diversidad en el ámbito judicial, pero nunca a costa de la independencia de las personas que integran los tribunales.
