México, D.F.-
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal informó a la Cámara de Diputados que, en 2012, los operadores de telefonía móvil recibieron, de diversas autoridades judiciales, peticiones de consulta sobre 82 mil 721 números celulares, para la investigación de diversos delitos.
De acuerdo con el reporte, una vez notificado de un oficio que contenga una solicitud suscrita por el titular de la PGR, los procuradores estatales o los servidores públicos en quienes deleguen esta facultad, un operador móvil deberá realizar la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenaza.
Para dar contestación en tiempo a los oficios de petición de información, los operadores móviles han realizado grandes inversiones a fin de contar con los recursos tecnológicos y el personal calificado, aseveró.
El Consejo envió el “Primer Informe Anual de Resultados del estudio e investigación para el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos” a las comisiones de Comunicaciones, y a la Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Sobre los bloqueos de señal en penales, en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria reitera el compromiso de los operadores móviles de colaborar con las autoridades.
Según el informe, están en marcha conversaciones con la nueva administración federal, la cual, destacó, “genera esperanza para encontrar soluciones novedosas en beneficio de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y la ciudadanía en general”.
Los operadores móviles efectuaron un estudio en el que se precisa que un millón 407 mil llamadas en promedio diario no se pueden completar, es decir, el usuario que realiza la llamada no puede contactar a la persona que busca o la llamada es interrumpida, debido a que los bloqueadores instalados no operan de manera adecuada.
“Es evidente la afectación a millones de usuarios que esperan una solución a la brevedad, la cual depende de que las autoridades cumplan con los lineamientos para supervisar la instalación, en cada establecimiento penitenciario, de los equipos adecuados que funcionen de manera correcta y no afecten la prestación del servicio de comunicación de los operadores móviles.
“Los cuales reiteran su compromiso y disposición para colaborar en la instalación y la operación de los equipos inhibidores de señal”, destaca el informe anual.
En el documento, el Consejo Ciudadano refiere que en 2012 se reportaron como robados 156 mil 681 celulares, mientras que en los primeros dos meses de 2013, se registró el robo de 19 mil 301 equipos, los cuales han sido inhabilitados.
Lo anterior, gracias al dispositivo contenido en cada equipo de teléfono celular, conocido como Identidad Internacional de Equipo Móvil, el cual facilita la identificación y bloqueo de números telefónicos específicos, resaltó.
La Asociación Nacional de Telecomunicaciones está conformada por los principales proveedores y operadores del sector en México, entre los que se incluyen las empresas Telcel, Telefónica, Iusacell, Nextel y Unefon.
Los operadores reiteraron el compromiso de preservar la seguridad personal de la ciudadanía y colaborar con las autoridades para cumplir con las estrategias y programas orientados a inhibir la comisión de delitos mediante la utilización de equipos terminales móviles.
