Ciudad de México.-
Los diputados locales Daniela Álvarez, Federico Doring y Royfid Torres denunciaron de manera legal y administrativa dos hechos de discriminación y maltrato de animales en la Ciudad de México.
La primera es una denuncia penal contra los propietarios y trabajadores del restaurante ‘El buen gusto’, ubicado en la carretera Picacho Ajusco, pues se observa a un par de sujetos golpear con palos y tubos a un perro, hecho que trascendió gracias a la denuncia de vecinos en redes sociales.
Aunque un día después los dueños del establecimiento mercantil ubicado en la alcaldía Tlalpan lanzaron un comunicado desmintiendo los evidentes actos de tortura, los videos publicados muestran a dos varones agrediendo al can, escuchando sus aullidos ante el maltrato.
La segunda acción es una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, para que emita las recomendaciones correspondientes a las autoridades responsables por los actos violatorios de derechos humanos, después que el 13 de octubre un grupo de entrenadores, junto a los animales de compañía que adiestran, fueron impedidos para ingresar a las instalaciones de la estación del Metro San Antonio, de la Línea 7.
En este caso se observa a elementos de seguridad del Metro que impiden el ingreso a los adiestradores de la asociación Owen.care, institución que desde el 2010 contribuye al bienestar, independencia, movilidad y autoestima de personas con discapacidad o con alguna condición médica, por medio de la atención y entrega de perros de asistencia.
En los videos publicados en redes sociales y difundidos por varios medios de comunicación se observa a las autoridades dando acceso al grupo de entrenadores junto a los canes a las instalaciones del Metro; sin embargo, minutos después, en otro fragmento del audiovisual, se muestra a los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial escoltando afuera de las mismas a los entrenadores junto con los perros, a pesar de contar con credenciales de identificación y chalecos.
La queja ante la CDHCM señala la falta de capacitación y conocimiento por parte de los implicados para aplicar los protocolos, solicitando se realice la investigación de probables hechos violatorios de derechos humanos de las personas usuarias de perros de asistencia, con las recomendaciones correspondientes a las dependencias involucradas.
