Diputados del PAN informaron que un juez les otorgó un amparo contra la absolución que la Procuraduría General de Justicia capitalina había otorgado al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y al secretario del Trabajo, Benito Mirón, a quienes acusan de usar recursos públicos para promover su imagen política.
En rueda de prensa los legisladores Ezequiel Rétiz y Kenia López recordaron que Juan Mateo Brieba, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, confirmó que el Fiscal Central para Asuntos Especiales de la PGJDF determinó, a su decir de manera irregular, no ejercer acción penal contra esos funcionarios.
Rétiz Gutiérrez y López afirmaron que solicitarán a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la inmediata reactivación de las investigaciones del asunto y la destitución del responsable de esa área, y si hay delito que perseguir que se le apliquen las sanciones correspondientes.
Señalaron que desde el año pasado presentaron una denuncia contra Ebrard Casaubon y Mirón Lince por haber aprovechado el programa del Seguro de Desempleo para difundir, a través de un tríptico, la imagen personal, social y política del jefe de gobierno, lo que está tipificado como delitos de peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.
Ezequiel Rétiz puntualizó que con base en el fallo del juez Brieba de Castro se establece que la citada fiscalía cometió al menos 11 violaciones legales como no recabar mayores pruebas que las presentadas en la denuncia.
Asimismo, no agotó las diligencias tendientes a comprobar el cuerpo del delito, identificar a los probables responsables y acreditar alguna causa que excluyera el delito; no ejerció su facultada constitucional de recabar los elementos para comprobar si hubo delito o no.
Empero, señaló que lo más grave es que esa fiscalía trasladó la carga de la prueba a los denunciantes y omitió valorar otras pruebas, lo que es una responsabilidad del Ministerio Público.
Por su parte Kenia López destacó que con ese amparo la PGJDF deberá resarcir las fallas cometidas en primera instancia, practicar las diligencias que omitió y emitir una nueva resolución sobre el caso.
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