México, D.F.-
El contralor general del Distrito Federal, Hiram Almeida Estrada, informó a diputados federales que están en curso 14 investigaciones sobre la Línea 12 del Metro, 13 de ellas en proceso de integración y desarrollo, y cinco auditorías.
Expuso que las indagatorias derivan de denuncias presentadas por legisladores federales, asambleístas, la Dirección General del Proyecto Metro y la Auditoría Superior de la Federación.
También por las contralorías internas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal.
Almeida Estrada y Marco Antonio Ciriaco Arroyo, titular del Proyecto Metro del Distrito Federal, comparecieron ante integrantes de la Comisión Especial que da Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se Hayan Destinado a la Línea 12 del Metro.
Ante los legisladores federales, Almeida Estrada explicó que las investigaciones que se están llevando a cabo se abocan a los temas de planeación y construcción de la Línea 12, como la supuesta falta de mantenimiento, la suspensión de operación, el presunto abuso de autoridad, así como el arrendamiento de trenes y desvío de recursos.
También se investigan las inconsistencias o fallas en la operación de la línea, el desgaste ondulatorio, descompactado de balasto, grapas y durmientes fracturados.
De igual manera, la contratación de supervisión de obra relativa a la construcción de vialidades en las inmediaciones de esta ruta y trabajos no ejecutados o efectuados de manera deficiente por el consorcio constructor.
El contralor general del Distrito Federal estimó la posibilidad de que haya más sanciones para funcionarios y ex funcionarios derivadas de las investigaciones abiertas, que se sumarán a las ya anunciadas.
Recordó que el mes pasado dieron a conocer la destitución de 21 funcionarios y la imposición de 54 sanciones a 33 funcionarios y ex funcionarios públicos.
Estas acciones, expuso, resultaron de una primera investigación en las que se tomaron como base 11 auditorías y el reporte que la empresa francesa Systra entregó sobre las causas de las fallas de la línea, que derivaron en responsabilidades legales.
Mencionó que las auditorías se hicieron de manera conjunta con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública.
A pregunta expresa de diputados, afirmó que la dependencia a su cargo tomó medidas extraordinarias en marzo de este año para resguardar los archivos sobre la construcción de la Línea 12 del Metro y evitar que éstos fueran modificados o mal utilizados.
“Se asistió a tomar los archivos físicos documentales y electrónicos de los equipos de cómputo para hacer que las condiciones de los documentos contenidos ahí prevalecieran en las mismas condiciones en que se encontraban”, aseveró.
En la reunión de trabajo que se prolongó durante casi cuatro horas, Hiram Almeida abundó que la institución a su cargo realiza una auditoría y una investigación especial por posibles pagos inadecuados en obras adicionales a la construcción de la Línea 12 del Metro.
Incluso, dijo, se ha informado del tema a las autoridades judiciales de la Ciudad de México, como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, “porque consideramos que se han realizado pagos de manera inadecuada, afectando al erario”.
Adelantó que está previsto que a principios de noviembre y a finales de diciembre puedan darse a conocer dos nuevas listas de responsables de las fallas en la Línea 12.
En este caso se impusieron 53 sanciones a 33 servidores y ex servidores públicos, de los cuales nueve han presentado recursos de revisión ante la Contraloría, sobre todo trabajadores en niveles menores que se encargaban de temas administrativos en Proyecto Metro.
Refirió entre los primeros funcionarios sancionados está Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director general del Proyecto Metro, inhabilitado por 20 años para ocupar cargos en la administración pública.
También figuran las sanciones impuestas a Juan Carlos Mercado Sánchez, ex subdirector general de Administración y Finanzas del STC Metro, quien fue inhabilitado por 20 años y deberá pagar una multa de dos millones 552 mil dólares.
El funcionario enfatizó que la Contraloría será respetuosa del derecho que tienen las personas sancionadas de presentar cualquier recurso o acción jurídica.
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