Cd. de México.-
El veto parcial del presidente Enrique Peña Nieto a la Ley 3 de 3 no obedeció a las presiones del sector privado, sino a problemas de legalidad y de constitucionalidad, afirma Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública.
“El Ejecutivo escuchó los argumentos de los particulares, e incluso de algunos legisladores y ejerció una responsabilidad que tiene en las manos”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.
Andrade Martínez aclara que no hay razones del mismo peso para modificar el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, ya que la crítica demanda que se le incluya a los servidores públicos la obligación de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, 3 de 3.
El funcionario federal niega riesgo de que haya menos datos de los servidores públicos en su 3 de 3 en el nuevo sistema, porque para integrar el esquema participarán ciudadanos y expertos.
Confiado, Virgilio Andrade asegura que en un futuro disminuirá la percepción de la corrupción que hoy existe en México.
