México, D.F.-
Desde hace meses se publican notas en donde se da cuenta de la grave problemática de los embarazos de niñas y mujeres jóvenes en México. Pero la respuesta estatal sigue ausente. Es importante que se diga con todas sus letras que México tiene una deuda grande con su infancia y su juventud.
El embarazo adolescente requiere de políticas públicas integrales que hasta el momento no existen. Los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con las desigualdades, la pobreza y la inequidad de género. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, 17.6% del total de nacimientos corresponde a adolescentes de 10 a 19 años de edad.
Frente a la ausencia del Estado, se suele pensar que en realidad esos embarazos son culpa de la niña o adolescente. Se tiende a creer que fue un acto de irresponsabilidad, se le señala como la causante del problema y se le obliga a cumplir con la carga, como si su situación respondiera a una acción negativa. Se ignoran los factores de marginación y discriminación que viven las adolescentes y que abonan a esta grave situación. Peor aún, no se sabe que el verdadero responsable es el Estado mexicano. A una niña o adolescente que no tiene poder de decisión ¿se le puede culpar por su falta de iniciativa para no usar anticonceptivos?, ¿se le puede hacer responsable cuando no tiene la información ni educación sexual suficiente?, ¿se le puede señalar por ser forzada a casarse o haber sufrido violencia sexual?
La probabilidad de que una adolescente muera a causa del embarazo o el parto es dos veces mayor que la de una mujer de entre 20 y 30 años, pero esta información no la tienen las niñas y jóvenes. Tampoco saben que las diferencias en torno al acceso a servicios de salud de calidad y de atención prenatal, los niveles de desnutrición y de salud en general, son factores que hacen que el embarazo en la adolescencia tenga consecuencias diferenciadas por el nivel socioeconómico de las mujeres. El impacto más visible y grave es la mortalidad materna y prenatal, además está la deserción escolar.
Es interesante que con Prospera se quiera abordar el problema, ojalá no sólo se hiciera énfasis en el acceso a anticonceptivos. La Secretaría de Salud sigue sin publicar sus programas de acción específicos sobre Planificación Familiar y Anticoncepción y el de Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes, a pesar de que debían haberlo hecho el 30 de abril.
He sido enfática en recordar lo que el Fondo de Población de las Naciones Unidas dice respecto al tema: “El embarazo en adolescentes es a la vez una causa y una consecuencia de las violaciones de derechos. […] menoscaba las posibilidades que tienen las niñas de ejercer los derechos a la educación, la salud y la autonomía. Y a la inversa, cuando una niña no puede gozar de sus derechos básicos, como el derecho a la educación, se vuelve más propensa a quedar embarazada.”
