Hermosillo, Son.-
La tensión volvió este lunes 6 de julio al Congreso de Sonora, donde un fuerte dispositivo de seguridad y la colocación de vallas metálicas marcaron una nueva jornada de protestas encabezadas por integrantes de la organización Conservando los Valores de las Familias (Covafam).
Luego de ser desalojados durante el fin de semana tras 75 días de mantener tomadas las instalaciones, los manifestantes mantienen un plantón para exigir el cumplimiento de una sentencia federal y la homologación de la Constitución local para garantizar el derecho a la educación inicial.
En medio de la protesta, el abogado Jorge García Ramírez, de 81 años, aceptó por primera vez recibir hidratación mediante suero intravenoso, luego de que paramédicos de la Cruz Roja le recomendaran el procedimiento debido al desgaste físico provocado por los 47 días que lleva en huelga de hambre y las altas temperaturas registradas en Hermosillo.
Pese a la atención médica, el litigante informó que mantendrá el ayuno hasta que exista una respuesta de las autoridades estatales y del Congreso a las demandas del movimiento.
La protesta se desarrolla un día después del retiro del campamento que los manifestantes mantenían afuera del recinto legislativo. Este lunes, decenas de simpatizantes regresaron al lugar y realizaron una manifestación en los accesos al Congreso, donde elementos de la Policía Estatal permanecieron resguardando el edificio.
Los integrantes de Covafam sostienen que el Congreso continúa sin acatar una sentencia de una juez federal relacionada con el pago de aproximadamente 2 millones de pesos destinados a maestras de estancias infantiles, además de mantener pendiente la armonización de la Constitución de Sonora con la reforma federal de 2019 que reconoce la educación inicial como un derecho para la primera infancia.
Durante la movilización, las educadoras reiteraron que su exigencia no se limita al pago ordenado por la autoridad judicial, sino que busca que el Estado asuma la obligación constitucional de garantizar educación inicial pública para todos los niños y niñas de Sonora.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Pablo Arenívar, respaldó ambas demandas al señalar que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de modificar la Ley de Ingresos para dar cumplimiento a la resolución judicial y avanzar en la homologación constitucional en materia de educación inicial.
Advirtió que el desacato a una sentencia podría derivar en sanciones para el Congreso.
En el mismo sentido, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix afirmó que la entidad mantiene un rezago de siete años en la armonización de su marco jurídico con la Constitución federal y cuestionó la forma en que se realizó el operativo para retirar a los manifestantes del exterior del Congreso.
Mientras el recinto legislativo permanecía cercado por vallas y custodiado por elementos de seguridad, los integrantes de Covafam reiteraron que continuarán con las movilizaciones hasta que el Congreso atienda la resolución judicial y avance en la reforma constitucional que permita garantizar el acceso universal a la educación inicial en Sonora.
