Ciudad de México.-
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar y subir en su portal de Internet una versión pública de la carpeta de investigación relacionada con los hechos del Caso Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
El Máximo Tribunal determinó que la información no puede clasificarse como reservada porque se trata de una investigación relacionada con violaciones graves a derechos humanos. En este sentido, refirió que al expedir una versión pública donde se testen los datos confidenciales, se protegen los derechos de terceros involucrados, particularmente sus datos personales.
En la resolución, la SCJN resaltó que personas señaladas como presuntos responsables por el caso Ayotzinapa afirmaban haber sido torturadas, por lo que promovieron amparos para impedir que la FGR hiciera pública la carpeta de investigación.
En su queja, los posibles involucrados alegaron que no fueron llamadas al procedimiento ante el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y que la difusión podría vulnerar su privacidad y les pondría en riesgo.
Sin embargo, la Suprema Corte reiteró en su fallo que el Inai no tenía obligación de llamar a las víctimas como terceras interesadas para pronunciarse sobre la publicación de sus datos personales porque, al estar relacionados con violaciones graves de derechos humanos, no era necesario el consentimiento.
“El delito perseguido, en estos casos, es de tal gravedad que el interés público en mantener la reserva de la investigación se ve superado por el interés de la población en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables”, destacó la Corte.
Dichos supuestos, aseveró, no solo afectan a las víctimas, sino a toda la sociedad por su gravedad y por las repercusiones que implican. Por ende, concluyó que la entrega y divulgación de la versión pública de la carpeta de investigación no transgrede, de ningún modo, los derechos de las víctimas en la indagatoria del caso que se trata.
