México, D.F. / Octubre 9.-
Que se exhorte al ejecutivo federal para que a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que instruya a los despachos jurídicos externos a los cuales se les vendió la llamada cartera vencida, para que “cese el hostigamiento y amenazas hacia los acreditados-trabajadores para el cobro de los créditos otorgados por dicho Instituto”, pidió Leticia Salazar Vázquez.
En la tribuna de la Cámara de Diputados, la diputada federal, al subir por segunda ocasión al pleno legislativo, destacó el punto de acuerdo apoyado por Convergencia y el PRD.
“Actualmente existen cientos de familias con el temor de que de un momento a otro les puedan instaurar un procedimiento judicial, ya que por la falta de trabajo y por las condiciones económicas actuales que prevalecen no solo en nuestro país sino en el mundo entero, no van a poder hacer frente a su obligación de pago”.
Lo anterior expresó, “ha originado que los referidos despachos de cobranza pongan sellos en la vivienda con la leyenda de embargada, situación no solamente irregular sino ilegal ya que violenta lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional que consagra el derecho a que nadie puede ser privado de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”.
Las casas que otorga el Infonavit por medio de sus créditos “pueden ser de alegría para miles de derechohabientes que han tenido que dar al Instituto la cuota que les corresponde como trabajadores, sin embargo, muchos de ellos no saben que a largo plazo podrían verse envueltos en un grave problema”.
La matamorense dijo además que el principal problema que tienen es que muchas de estas personas se vieron beneficiadas por el Infonavit con un crédito para adquirir vivienda, pero cuando desafortunadamente han perdido su trabajo y no han podido regularizar sus pagos, reciben constantes amenazas y hostigamiento de despachos jurídicos externos a los cuales les fueron cedidos sus derechos de cobro.
“Ello a pesar que estos despachos únicamente deben limitar su función a la de cobranza, no tienen facultades más allá de esta acción. En este sentido, se vuelve inaplazable e impostergable concertar una reunión del Consejo Consultivo del Instituto que deberá sostener con esos despachos para que se revise el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios y si es necesario modificar la redacción, así como modificar las acciones emprendidas al realizar la cobranza tales como llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes y la colocación de sellos ilegales”, concluyó.
