Cd. de México.- La oposición en Cámara de Diputados fracasó en su intento de lograr una ley 3de3 completa y revertir la redacción impuesta desde el Senado.
A las bancadas del PAN, el PRD, MC y Morena les faltaron 20 votos para lograr que la mayoría priista aceptara discutir la propuesta de cambio al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que planteaba regresar a la redacción original de la iniciativa firmada por más de 600 mil ciudadanos.
En diversas reservas, se propuso que las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal fueran obligatorias y públicas para todos los servidores públicos, con excepción de los datos personales.
“No estamos ante una imposibilidad jurídica, técnica o económica, lo que desfiguró la iniciativa 3de3 es el temor de que el pueblo sepa lo mucho que tienen unos pocos y que lo han hecho desde el poder y eso los atemoriza”, dijo el perredista Javier Nava.
Con 228 votos en contra se manifestaron los diputados del PRI, PVEM y el Panal, y favor de la redacción original hubo 209 votos.
Los priistas festejaron el resultado con aplausos desde sus curules.
Al finalizar la votación, aparecieron 10 diputados del PES, a pesar de que registraron también una reserva para cambiar el artículo.
Desde las bancadas del PRD, MC y Morena les gritaron “traidores, traidores”.
El artículo quedó en sus términos, por lo que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos”.
Se establece que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos.
La oposición tampoco logró cambio alguno en el artículo 32, que obliga a que presenten las tres declaraciones las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o tengan contratos con los tres niveles de gobierno.
El perredista Ángel Alanís afirmó que la redacción es tan absurda que hasta un becario de Conacyt tendría que presentar sus declaraciones.
Guadalupe Murguía, del PAN, dijo que la ley generará incertidumbre, pues busca regular a particulares, cuando está destinada a servidores públicos.
Al final, sin cambio alguno, tres de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción se turnaron al Ejecutivo federal.
