Suprema Corte podría declarar como responsable a Fox por caso Oaxaca

México, D.F. / Octubre 14.-
Por vez primera un ex presidente de la República fue colocado en el banquillo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se analiza la posibilidad de declarar que el gobierno del ex presidente Vicente Fox es responsable, por omisión, de las violaciones graves de garantías que sufrió la población de Oaxaca, durante el conflicto magisterial, político y social que se vivió en esta entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.
Durante la revisión de este caso, de manera directa, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo aseguró que el gobierno federal “dejó por mucho tiempo en un estado de abandono absoluto al Estado de Oaxaca”, al negarle el apoyo de las fuerzas federales que estaba obligado a brindar, con lo que prácticamente se llegó a la situación de que parecía “no haber Estado”.
Al gobierno federal, recordó, se le pidió, incluso se le rogó, apoyo en varias ocasiones para que interviniera, pero dicho apoyo le fue negado a Oaxaca durante varios meses, que fueron cruciales para que la creciera la violencia, el caos y las violaciones de derechos de la población que no participó en el conflicto.
Tal parece, dijo Gudiño, que el apoyo se le negó a Oaxaca porque no había empatía entre el gobierno de Fox con el de Ulises, y a manera de ejemplo recordó que en el conflicto que se generó en la comunidad de Atenco, en el Estado de México, bastaron algunas llamadas para que la Policía Federal llegara a apoyar a la estatal y para que el Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen) los apoyara y planearan el operativo conjunto.
En este punto coincidió el ministro José Ramón Cossío, quien dijo que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación se dedicó a tratar de negociar con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) la solución del conflicto cuando no dicha dependencia no tiene atribuciones para negociar, y menos con un movimiento que había desconocido a los poderes estatales.
Porque, precisó, el gobierno federal tenía el mandato constitucional de apoyar al gobierno estatal, y la responsable de brindar dicho apoyo era la secretaría de Seguridad Pública Federal, en ese momento a cargo del ahora ex procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
Por este mismo motivo, el ministro Genaro Góngora Pimentel también pidió responsabilizar de los hechos, por parte del gobierno federal, a Medina Mora.
Pero el ministro Gudiño fue más allá a la hora de señalar a las autoridades responsables de las violaciones, por omisión, al pedir que señalar al ex presidente Vicente Fox, al fallecido ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y al ex secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora.
Además de a quienes les sucedieron en sus cargos, es decir, el presidente Felipe Calderón, Francisco Ramírez Acuña y Genaro García Luna, respectivamente, “pues no debe perderse de vista que los hechos se prolongaron aún después del relevo presidencial”.
Por lo que se refiere a las autoridades locales, el ministro Genaro Góngora Pimentel, también pidió responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz, por tratar de solucionar el conflicto de manera tardía y por haber ordenado –pese a tener todo en contra- el operativo fallido para desalojar el zócalo de la capital, el 14 de junio de 2006, y que radicalizó el conflicto.
En su oportunidad, como ya lo había hecho público, el ministro Mariano Azuela, como encargado del caso explicó que en el conflicto se registraron dos tipos de violaciones: las que sufrieron las personas ajenas al conflicto; y las que se generaron en contra de los manifestantes por el uso excesivo del a fuerza pública en los operativos.
Pero, dijo, que sólo se podía responsabilizar de estas últimas a las autoridades y, en específico, únicamente a los mandos policiacos, federales y estatales que coordinaron los operativos.
Mientras que el ministro Sergio Aguirre Anguiano se pronunció por declarar que ni las autoridades estatales ni las federales incurrieron en violaciones de garantías, y catalogó a los integrantes de la APPO como un grupo subversivo, que pese a ello eran seres humanos y tenían derechos.
La discusión en torno a este caso continuará en la sesión de este miércoles.