México, D.F. / Enero 21.-
Ante el creciente número de atentados contra migrantes indocumentados de Centroamérica, la diputada federal Leticia Salazar Vázquez a nombre del Congreso de la Unión, exigió que las autoridades de Migración y las demás autoridades competentes, den urgente respuesta a todos y cada uno de los casos en donde fueron vulnerados los derechos humanos de migrantes, así como se den a conocer acciones contundentes y eficaces que solucionen de manera definitiva al grave problema de secuestros.
Al hablar durante la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río Madrid, la legisladora fue clara en afirmar que en algunos de estos últimos eventos, suponen el presunto secuestro de decenas de inmigrantes centroamericanos indocumentados ocurridos el pasado mes de diciembre.
Destacó que el primer presunto secuestro masivo de inmigrantes centroamericanos ocurrió el 16 de diciembre en el poblado oaxaqueño de Chahuites, que limita con el estado de Chiapas, cuando al menos 50 inmigrantes fueron presumiblemente secuestrados mientras viajaban en un tren de carga.
La titular de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, subrayó que es alarmante la problemática a la que se enfrentan los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades que ingresan o transitan por el territorio nacional, al ser víctimas de delitos graves como el secuestro y que han generado nuevos retos para la estructura y coordinación institucional a nivel federal y local.
A la vez agradeció, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya contribuido con la publicación de Informes sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes, en el cual se investigaron los graves eventos de secuestro de que son víctimas algunos migrantes en su trayecto por el territorio nacional, con el propósito de difundir sobre estos actos, alertar sobre la tendencia creciente de secuestros, proteger los derechos de los migrantes y evitar que esta situación siga ocurriendo.
El segundo hecho se registró el 22 de diciembre cuando un grupo armado secuestró a nueve inmigrantes indocumentados que viajaban en otro tren de carga en las cercanías de la población de Arriaga, en Chiapas.
“Estoy cierta que un gran paso será, que el legislativo, más allá de convertirnos en un banquillo acusador, exijamos si, al Instituto Nacional de Migración aplicar y conducirse de manera correcta en la aplicación de una política migratoria; pero reitero, dotemos de un instrumento jurídico con el consenso de todos los involucrados, que fundamente la gestión migratoria en la salvaguarda del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos, promoviendo la seguridad nacional y pública; y al mismo tiempo, velando por la seguridad humana de los migrantes nacionales y extranjeros”, dijo.
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