Monterrey, N.L.-
Al descartar subirse al “ring político”, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente Flores, aseguró que Morena mantiene un “doble discurso” respecto a los juicios políticos contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
El diputado panista sostuvo que, los morenistas, mientras públicamente hablan de avanzar en sanciones, en las votaciones terminan respaldando al Ejecutivo estatal.
El legislador panista afirmó que una parte de la bancada morenista “está anaranjada”, en referencia a presuntos vínculos políticos con Movimiento Ciudadano, y sostuvo que durante los últimos dos años algunos diputados de Morena han sido “comparsas” del Gobierno estatal.
De la Fuente Flores indicó que dentro de Morena existen divisiones internas, al señalar que “hay dos Morenas” en el Congreso del Estado; una que ha respaldado al bloque opositor y otra que evita apoyar acciones contra el mandatario estatal.
“Cuando quieran ir de verdad, dejen el discurso, saquen sus votos y aprovechemos los votos para sacar el presupuesto y los juicios políticos”, expresó.
Reiteró que Morena no ha mostrado voluntad real para avanzar en los juicios políticos contra el gobernador y acusó que los expedientes permanecen detenidos en la Comisión Anticorrupción.
Por otra parte, el coordinador del PAN también adelantó que el Congreso buscará ampliar el periodo legislativo hasta el 30 de mayo con el fin de avanzar en temas pendientes, entre ellos el presupuesto estatal, reformas electorales y diversos dictámenes en comisiones.
Sin embargo, consideró que no existen condiciones para aprobar el presupuesto, luego de que la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, votara en contra de ampliar el plazo legislativo, lo cual podría significar que el Gobierno estatal “ya da por muerto el presupuesto”.
En materia de reforma judicial, señaló que el Congreso de Nuevo León podría esperar la definición federal sobre la eventual postergación de la entrada en vigor de cambios nacionales hasta 2028, lo que reduciría la presión para homologar la legislación local este año.
