Monterrey, N.L.-
Un grupo de 18 alcaldes, encabezados por el edil regiomontano, Adrián de la Garza Santos, presentaron un requerimiento formal al Gobierno de Nuevo León para exigir el pago de recursos estatales, participaciones y derechos vehiculares que, aseguraron, permanecen retenidos y cuyo adeudo podría ascender a cerca de 1,700 millones de pesos.
Tras la entrega del documento en el Palacio de Gobierno, Adrián de la Garza afirmó que la exigencia es “respetuosa, pero firme”, al señalar que el Estado ha incumplido con la entrega de fondos estatales, recursos derivados de convenios de coordinación fiscal, así como de ingresos por multas y derechos recaudados por el Instituto de Control Vehicular que corresponden a los municipios.
El munícipe explicó que existen adeudos que datan desde 2022 y que continúan hasta el presente año.
Indicó que, tan solo en un anexo entregado junto con el requerimiento, se documentan alrededor de 1,200 millones de pesos, sin incluir a varios municipios rurales, por lo que el monto total podría alcanzar los 1,700 millones de pesos.
Precisó que Monterrey tiene pendientes de recibir más de 300 millones de pesos, mientras que otros municipios presentan adeudos similares.
Por su parte, José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la alcaldía de Escobedo, informó que el Gobierno estatal mantiene un adeudo superior a 360 millones de pesos con ese municipio, además de recursos provenientes de multas y fondos ya comprobados desde 2022 que no han sido liberados.
A su vez, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo Martínez, aseguró que las promesas de mejorar las finanzas municipales mediante un nuevo pacto fiscal no se cumplieron y sostuvo que la retención de recursos afecta directamente la prestación de servicios públicos como seguridad, salud, mantenimiento de escuelas, movilidad y transporte.
Los alcaldes insistieron en que no están solicitando recursos adicionales, sino únicamente la entrega del dinero que legalmente corresponde a los municipios y que ya se encuentra contemplado en el presupuesto y en los convenios de coordinación.
Adrián de la Garza señaló que el requerimiento presentado constituye el inicio de una ruta jurídica para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Mencionó que solicitaron al gobernador, Samuel García Sepúlveda, instruir al encargado del despacho de la Tesorería Estatal, Ulises Carlín de la Fuente, para realizar de inmediato las transferencias correspondientes.
El edil también acusó que el encargado de despacho ha condicionado los depósitos argumentando la falta de documentación relacionada con la Auditoría Superior del Estado, situación que calificó como un acto de “chantaje” y “extorsión” contra los municipios.
En este marco, advirtió que, si el Gobierno estatal no atiende el requerimiento, los municipios promoverán las acciones legales, administrativas e incluso penales que resulten procedentes para recuperar los recursos, al considerar que la retención afecta directamente a la ciudadanía al limitar la ejecución de obras, programas y servicios públicos.
En la entrega del escrito estuvieron presentes los alcaldes de Santiago, David de la Peña; de García, Manuel Guerra, entre otros de la zona rural.
