Monterrey, N.L.-
El Congreso de Nuevo León aprobó reformas al Código Civil estatal en materia de arrendamiento, con el objetivo de modernizar el marco jurídico, reducir conflictos y otorgar mayor certeza tanto a arrendadores como a arrendatarios.
A propuesta de la bancada del PAN y con el respaldo de los diputados del PRI, se aprobó el dictamen por 21 votos a favor y 20 en contra de los grupos legislativos de Morena y Movimiento Ciudadano, particularmente.
Las modificaciones, avaladas a través del dictamen de la Comisión de Legislación, reforman los artículos 2346 y 2346 Bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León.
La iniciativa impulsada por el coordinador legislativo del PAN, Carlos de la Fuente Flores, junto con integrantes del Partido Acción Nacional, la presentó al pleno el también albiazul, Ignacio Castellanos Amaya.
Entre los principales cambios destaca la obligación del arrendador de expedir, a solicitud del arrendatario, un comprobante de pago por las rentas efectivamente cubiertas, ya sea mediante recibo simple o comprobante fiscal digital.
Dichos documentos servirán como prueba del cumplimiento de la obligación de pago y, en caso de negativa injustificada, el inquilino podrá acreditar el pago por cualquier medio de prueba reconocido por la ley.
Asimismo, la reforma establece que la renta podrá actualizarse de manera anual conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor o con base en otro indicador económico que las partes acuerden expresamente por escrito.
Lo anterior, establece la reforma, con el fin de evitar incrementos arbitrarios y brindar previsibilidad a las relaciones contractuales.
Durante el análisis del dictamen, se señaló que estas disposiciones buscan atender vacíos normativos que generaban incertidumbre jurídica, particularmente en un contexto donde un porcentaje significativo de los contratos de arrendamiento se celebra sin mecanismos claros de comprobación documental.
Además, se subrayó que la reforma es congruente con el derecho humano a una vivienda adecuada y con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de equilibrio contractual.
Por parte de la bancada de Morena, la diputada local, Greta Barra Hernández, se manifestó en contra de la iniciativa de reforma propuesta por el “PRIAN”, sobre eliminar diversas disposiciones para beneficiar a las personas arrendadoras, dejando a quienes rentan una casa habitación en situaciones vulnerables.
Entatizó que Morena jamás estará a favor de una iniciativa que atenta contra jóvenes, personas en condiciones vulnerables, contra quienes optan por rentar una vivienda, quienes no tienen un patrimonio asegurado, por lo que “es indigno lo que están haciendo”.
“El PAN busca eliminar la obligación de los arrendadores a entregar recibos mensuales a los arrendatarios; además, se borraría la disposición que impide que los arrendadores pidan más de una mensualidad de renta a manera de depósito”, dijo.
Además, agregó la legisladora morenista, “se eliminaría que la duración mínima de un contrato de renta debe ser de 6 meses, y se dejan abiertas las posibilidades de que la renta incremente más del 10% al año, y que sea cobrada en otra moneda que no sean pesos mexicanos”.
El decreto aprobado entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo relaciones de arrendamiento más transparentes y equitativas en la entidad.
