Monterrey, N.L.-
La Diputación Permanente del Congreso de Nuevo León aprobó un punto de un acuerdo que faculta al Poder Legislativo para analizar y, en su caso, promover controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad ante posibles actos u omisiones que vulneren sus atribuciones o las de la Auditoría Superior del Estado.
Durante la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente, la presidenta del Congreso del Estado, Itzel Soledad Castillo Almanza, presentó la propuesta que, dijo, busca preservar el equilibrio entre los poderes públicos y garantizar el respeto a las facultades constitucionales que corresponden al Congreso local.
En la exposición de motivos, señaló que el Poder Ejecutivo estatal ha mantenido una postura que, a consideración del Legislativo, busca evadir el mandato constitucional relacionado con la designación del titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Castillo Almanza recordó que dicho cargo permanece sin nombramiento definitivo desde la salida de Carlos Garza Ibarra a finales de 2025; actualmente, Ulises Carlín de la Fuente se desempeña como encargado del despacho.
La presidenta del Congreso sostuvo que el Poder Legislativo ha sido vigilante del cumplimiento de la legalidad y de que los servidores públicos actúen dentro de los límites de sus respectivas competencias.
Asimismo, advirtió sobre presuntas presiones del Ejecutivo hacia otras autoridades para ajustarse a sus pretensiones jurídicas.
El acuerdo aprobado establece que la Dirección Jurídica del Congreso podrá analizar y, de ser procedente, presentar mecanismos de control constitucional tanto en el ámbito local como federal contra actos u omisiones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado o de cualquier otra autoridad que pudiera invadir las competencias del Poder Legislativo o de la Auditoría Superior del Estado.
Además, se instruyó a la Oficialía Mayor del Congreso a realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de este acuerdo. Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, explicó que la intención es otorgar a la presidenta del Congreso las facultades necesarias para responder oportunamente ante cualquier controversia constitucional que pudiera surgir durante el periodo de receso legislativo.
“Tradicionalmente le damos la facultad a la presidenta o al presidente cuando existe una controversia específica, en esta ocasión se deja abierto ante cualquier situación extraordinaria que pudiera presentarse y que requiera una respuesta inmediata por parte de la Dirección Jurídica”, señaló.
La propuesta fue aprobada por mayoría de los integrantes de la Diputación Permanente, registrándose una abstención por parte del diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Salinas.
Blindan al Congreso de NL contra posibles controversias constitucionales
