Monterrey, N.L.-
A fin de garantizar el derecho superior de la niñez y evitar que los juicios por falta de pago de pensión alimenticia se prolonguen hasta por 7 años, la diputada local del PAN, Claudia Caballero Chávez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 280 del Código Penal del Estado.
Acompañada por el abogado Patricio Martínez Brito, la legisladora explicó que actualmente las madres o padres que buscan el pago de alimentos deben enfrentar un “laberinto jurídico” que duplica esfuerzos entre los juzgados familiares y penales, lo cual revictimiza a los menores y agota los recursos de las familias.
El problema, dijo, desemboca en procesos de hasta 7 años, toda vez que actualmente, aunque un juez de lo familiar dicte una sentencia para el pago de pensión, si el deudor incumple, la parte afectada no puede acudir de inmediato a la vía penal.
El sistema actual obliga a iniciar un juicio de ejecución de alimentos para determinar la cuantía exacta de la deuda, esperar a que se resuelvan recursos de amparo y revisiones, procesos que pueden tardar de 2 a 3 años adicionales; solo tras este largo periodo, acudir a la instancia penal.
“Es como correr una carrera y que al final te digan que tienes que volver a correrla al revés para darte la medalla”, ejemplificó la Caballero Chávez.
La reforma plantea que una vez que un juez de lo familiar fije la pensión y se registre un incumplimiento de 30 días, la parte afectada pueda proceder penalmente de inmediato, utilizando la sentencia familiar como prueba plena sin necesidad de iniciar un nuevo incidente de cuantía.
De aprobarse, la iniciativa, permitiría reducir la duración de estos conflictos jurídicos a la mitad (evitando los 3 o 4 años que hoy suman los amparos en la etapa de ejecución).
También generaría economía procesal, al evitar el gasto en abogados y trámites dobles y prevendría fraudes, pues al acelerar el proceso, se evita que el deudor tenga tiempo de esconder bienes, fingir despidos o reducir artificialmente su sueldo.
La diputada panista aclaró que el fin no es encarcelar a los padres, sino garantizar que el recurso llegue pronto a los niños. De acuerdo con la información presentada, de enero a septiembre de 2025 se registraron 604 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en Nuevo León.
Sin embargo, se estima que la cifra real es mucho mayor, ya que muchas personas abandonan el proceso por falta de dinero para pagar abogados durante tantos años.
Finalmente, Caballero Chávez anunció que se instalarán mesas de trabajo a la brevedad para analizar los detalles técnicos de la reforma, asegurando que la prioridad será siempre el bienestar de los menores.
Busca PAN agilizar juicios de pensión alimenticia y eliminar duplicidad
