Monterrey, N.L.-
A fin de disminuir los fraudes en el ramo inmobiliario, el diputado de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Registro de Asesores Inmobiliarios.
Gaona explicó que buscan adicionar un cuarto capítulo en donde se faculte a la Secretaría de Economía como representante de personas que busquen justicia por fraudes inmobiliarios.
“Vemos que en el Estado venden predios sin contar con todos los permisos, por eso vengo a presentar esta iniciativa y que exista un mecanismo en donde el ciudadano pueda presentar denuncias populares.
“Lo que estoy proponiendo es hacer más fácil la justicia para los ciudadanos y lo que buscamos es darle participación a la Secretaría dude Economía para que pueda representar a los ciudadanos y denunciar ante el Ministerio Público”, detalló.
Gaona explicó que la denuncia penal se impondrá en los casos en los que los nuevos proyectos inmobiliarios realicen actos que contravengan a dicha Ley, como la invasión de áreas naturales protegidas, por ejemplo, La Huasteca y el Cerro de las Águilas.
Asimismo, permite más certidumbre jurídica en las transacciones inmobiliarias ya que dicha Secretaría podrá recibir y emitir resoluciones de las denuncias populares.
El coordinador de la Bancada Naranja expuso que la iniciativa nace ante el constante crecimiento de la zona metropolitana, ya que hace evidente la necesidad de buscar un equilibrio ante la creación de nuevos proyectos inmobiliarios.
“Muchos desarrolladores habitacionales han estado construyendo en zonas que se consideran como zonas protegidas pues representan parte de los pulmones naturales de nuestra zona metropolitana”, dijo el legislador emecista.
“A pesar de las leyes federales en la materia y en los delitos tipificados contra el medio ambiente muchas de estas construcciones siguen llevándose a cabo por los procesos fraudulentos y la mala fe de los agentes inmobiliarios”.
La iniciativa también contempla que ante la posibilidad de que cualquier ofrecimiento de la propiedad raíz, que se haga a pesar de saber que existe un impedimento legal para realizar la transacción, se proceda con la denuncia ante el ente regulador de los servicios inmobiliarios.