Monterrey, N.L.-
El Congreso de Nuevo León aprobó un punto de acuerdo promovido por la diputada del PAN, Claudia Gabriela Caballero Chávez, y respaldado por integrantes de su bancada, para solicitar a autoridades federales y estatales investigar una presunta triangulación de recursos públicos por aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos durante la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda.
Exhortos aprobados por el Congreso de NL
La propuesta se sustentó en señalamientos contenidos en informes recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se habrían identificado operaciones financieras mediante transferencias a empresas proveedoras, constructoras y prestadoras de servicios, cuyos recursos posteriormente circularían entre distintas personas morales hasta llegar a despachos jurídicos relacionados con familiares de servidores públicos.
El acuerdo contempla tres exhortos: el primero, dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para que realice un análisis financiero de los 7 mil 212 millones de pesos, identifique el origen, trayectoria y destino final de los recursos, así como a los beneficiarios de las operaciones y determine si existen elementos relacionados con posibles delitos de lavado de dinero.
El segundo está dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que dé trámite legal a la denuncia presentada por la ASF, investigue los hechos y, en caso de encontrar elementos, determine las posibles responsabilidades por delitos federales y ejerza acción penal.
El tercer exhorto solicita a la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizar una revisión exhaustiva del ejercicio y destino de los recursos del Gobierno estatal durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, con especial atención en posibles esquemas de triangulación financiera.
Debate legislativo y posturas de las bancadas
Durante la discusión, Caballero Chávez sostuvo que la vigilancia del dinero público es una de las principales responsabilidades del Poder Legislativo y rechazó que la propuesta tenga motivaciones partidistas.
Afirmó que los recursos señalados pudieron destinarse a infraestructura, movilidad, seguridad, salud y programas sociales, en lugar de terminar presuntamente en operaciones financieras que involucran a empresas y despachos privados.
La legisladora panista dimensionó el monto al señalar que los 7 mil 212 millones de pesos equivalen a recursos suficientes para construir varios kilómetros de Metro y representan una cantidad considerable frente a las necesidades de infraestructura y servicios públicos de Nuevo León. Durante el debate, la diputada local del PRI, Lorena de la Garza Venecia, respaldó la postura de Acción Nacional y calificó las cifras como un quebranto a los recursos destinados a seguridad, salud y movilidad.
Asimismo, criticó que el propio gobernador haya justificado en la Comisión Anticorrupción que los recursos pierden su carácter público una vez pagados a proveedores privados.
Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, defendió la gestión estatal al señalar que el proceso de la ASF aún se encuentra en revisión y que el gobierno ha mostrado total disposición para transparentar la información.
Durante la discusión, desde la tribuna legislativa, acusó a diputados del PAN y PRI de realizar un “juicio sumario” con tintes político-electorales y de desviar la atención mediante ataques partidistas.
En la misma línea intervino el diputado Javier Caballero Gaona (PRI), quien insistió en que el llamado no busca prejuzgar a ningún actor político, sino garantizar la rendición de cuentas ante un señalamiento de nivel federal.
A su vez, la diputada priista Armida Serrato Flores cuestionó los argumentos del Ejecutivo estatal respecto al destino de los pagos a proveedores.
Al final de la discusión, tras una serie de mociones de orden y discusiones reglamentarias sobre el uso de la tribuna, se sometió a votación la apertura de nuevas rondas de oradores y la aprobación definitiva del punto.
Con el respaldo de la mayoría de los legisladores presentes, el acuerdo fue aprobado, para que se realicen las gestiones correspondientes ante la UIF, la FGR y la ASE, a fin de esclarecer el origen y destino de los recursos señalados, así como determinar si existieron irregularidades y posibles responsabilidades.
Para consultar información e informes oficiales de los trabajos legislativos, puedes ingresar al Portal Oficial del Congreso del Estado de Nuevo León (https://www.hcnl.gob.mx).
