Monterrey, N.L.— Activistas feministas y defensoras de derechos humanos exigieron al Congreso de Nuevo León avanzar en la legalización y despenalización del aborto, al señalar que la entidad mantiene una deuda con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, las promoventes desplegaron mantas en distintos puntos de la ciudad y exigieron al Poder Legislativo retomar las iniciativas pendientes, para garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
La activista, Gaberiela Heredia, de organización ARKALI Espacio Cultural, A.C., dijo que más de 100 feministas, 21 organizaciones locales y nacionales suscriben e impulsan la iniciativa, así como otras nueve organizaciones que la respaldan.
Como parte de la jornada, fueron desplegadas mantas con la leyenda “Aborto Legal y Seguro Nuevo León”, en el Mirador El Obispado y en el Congreso del Estado; también se colocaron mantas en los puentes de Matamoros y Zuazua, así como en Matamoros y Zaragoza.
Las activistas señalaron que las acciones forman parte de una movilización nacional coordinada con colectivas de las siete entidades del país donde, de acuerdo con su planteamiento, el aborto continúa penalizado.
Movilización e iniciativa ciudadana: Demandan feministas al Congreso
Las organizaciones informaron además que durante septiembre de 2026 han ingresado diariamente al Congreso local una “Iniciativa Ciudadana para Legalizar y Despenalizar el Aborto”, con el objetivo de mantener presente ante las y los legisladores la exigencia de modificar el marco jurídico estatal.
De acuerdo con las promoventes, la propuesta plantea reformas a tres ordenamientos: la Ley Estatal de Salud, el Código Penal para el Estado de Nuevo León y la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna.
En materia de salud, la iniciativa contempla incorporar la educación sexual integral, garantizar el acceso a servicios de anticoncepción y establecer el derecho a recibir servicios de aborto seguro y gratuito, además de consejería confidencial y protección de la privacidad.
Asimismo, propone regular la objeción de conciencia para garantizar que exista personal médico no objetor disponible, así como asegurar el acceso a estos servicios para personas privadas de la libertad en centros penitenciarios.
Respecto al Código Penal, las organizaciones plantean derogar las disposiciones que criminalizan el aborto voluntario y autónomo, de manera que las sanciones penales se concentren en los casos de aborto no consentido o forzado.
En cuanto a la legislación sobre parto humanizado y maternidad digna, buscan incorporar expresamente a las personas gestantes y reconocer su derecho a recibir información veraz, atención psicológica especializada y acceso garantizado a servicios de aborto seguro y gratuito.
Contexto nacional y armonización jurídica
Las activistas sostuvieron que la criminalización del aborto constituye un problema de salud pública y genera mayores obstáculos para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica y social, entre ellas adolescentes, personas indígenas, personas con discapacidad, migrantes y habitantes de comunidades marginadas.
Las organizaciones también señalaron que 24 entidades federativas han avanzado en la despenalización del aborto, mientras que Nuevo León permanece, según su posicionamiento, entre los siete estados donde continúa penalizado.
En ese sentido, argumentaron que mantener sanciones penales produce desigualdades territoriales y económicas en el acceso a servicios de salud y señalaron que los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido límites a la criminalización absoluta del aborto a partir de derechos como la igualdad, la no discriminación y la salud.
Ante este escenario, las organizaciones hicieron un llamado al Congreso de Nuevo León, para que las comisiones legislativas correspondientes retomen las iniciativas pendientes, convoquen a mesas de diálogo y ejercicios de parlamento abierto con organizaciones de la sociedad civil y lleven los dictámenes al Pleno.
Las colectivas demandaron que el marco jurídico de Nuevo León sea armonizado con los criterios de la Suprema Corte y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su exigencia de contar con “aborto legal, seguro y gratuito en Nuevo León”, así como con servicios de salud accesibles, gratuitos, laicos, libres de estigma y que incluyan a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Para revisar las labores y comisiones del Poder Legislativo estatal, consulte el portal del Congreso del Estado de Nuevo León.
