Monterrey, N.L.-
La crisis por la desaparición de personas en México tendría un impacto familiar mucho mayor al que reflejan los registros oficiales, pues organizaciones civiles estiman que cerca de 165 mil hijas e hijos podrían estar vinculados con las más de 103 mil personas de entre 15 y 49 años que permanecían desaparecidas o no localizadas hasta el 27 de agosto.
El cálculo fue presentado durante el encuentro virtual “Las hijas e hijos de personas desaparecidas tienen derecho a la verdad, la justicia, la memoria y el futuro”, organizado en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), Buscadoras de Nuevo León, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Tejiendo Redes Infancia, familiares y adolescentes.
Estimación nacional sobre la desaparición de personas
De acuerdo con el informe “Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes”, elaborado por Tejiendo Redes Infancia y el Observatorio Infancia Latina, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 103 mil 176 personas de entre 15 y 49 años desaparecidas o no localizadas.
Al aplicar un indicador general de 1.60 hijas e hijos por persona, tomado de la ENADID 2023, las organizaciones obtuvieron una estimación cercana a 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con ese universo.
Las organizaciones aclararon que la cifra no representa un padrón de personas individualmente identificadas ni significa que todas ellas sean actualmente niñas, niños o adolescentes, toda vez que el objetivo es dimensionar una problemática que permanece prácticamente invisible en las estadísticas oficiales.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señaló que la relevancia del ejercicio no está en presentar una cifra definitiva, sino en evidenciar la falta de información pública sobre las familias afectadas.
“Lo que es importante señalar es que no hay datos oficiales”, afirmó el activista.
Explicó que los registros institucionales contabilizan a las personas desaparecidas, pero no reconstruyen sus relaciones familiares, por lo que las autoridades desconocen cuántas hijas e hijos requieren protección, atención, información, acompañamiento o restitución de derechos.
Diagnóstico regional y testimonios de las infancias
En Nuevo León, la CEDHNL estimó que 8 mil 941 niñas, niños y adolescentes podrían estar afectados por la desaparición de personas en el estado, que contempla 5 mil 588 casos de entre 15 y 49 años.
La presidenta de la Comisión, Olga Susana Méndez Arellano, advirtió que tampoco existe en el estado un registro que permita conocer con precisión cuántas infancias y adolescencias tienen a una persona desaparecida dentro de su familia.
El informe especial de la CEDHNL incorporó además las voces directas de las infancias mediante una audiencia pública en la que participaron 14 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años, así como 14 madres, abuelas, cuidadoras y familiares.
El ejercicio permitió documentar consecuencias emocionales, escolares, económicas, familiares y comunitarias derivadas de la desaparición, además de recoger propuestas dirigidas a las autoridades.
Entre las afectaciones identificadas se encuentran problemas de sueño, miedo, alteraciones emocionales, bajo rendimiento escolar, reducción de ingresos familiares y cambios en las dinámicas de cuidado.
En algunos casos, adolescentes se ven obligados a combinar sus estudios con trabajos prematuros ante las dificultades económicas provocadas por la desaparición de un familiar.
Transformación radical y atención urgente
“Cambia todo radicalmente”
María Luisa Castellanos, presidenta de Buscadoras de Nuevo León, quien lleva más de 15 años buscando a su esposo y acompañando a sus cuatro hijos, describió el impacto que la desaparición de personas genera en las familias.
“Creo que tendríamos que preguntar qué es lo que no cambia, porque cambia todo radicalmente”, expresó.
Castellanos también cuestionó las prácticas adultocéntricas mediante las cuales se excluye a niñas, niños y adolescentes de información que afecta directamente sus vidas, además de advertir sobre el estigma que pueden enfrentar en escuelas y comunidades.
Durante el encuentro, Darian, adolescente e hija de una persona desaparecida, resumió esa experiencia al señalar: “Crecer buscando a alguien es crecer con una ausencia, pero también con esperanza”.
La adolescente pidió a las autoridades, escuelas y sociedad escuchar a quienes viven esta situación, garantizar acompañamiento psicológico y educativo y evitar que las personas desaparecidas sean reducidas únicamente a una cifra.
Las organizaciones participantes coincidieron en que las hijas e hijos de personas desaparecidas deben ser reconocidos como titulares de derechos y víctimas indirectas, pero también como personas con capacidad para participar en las decisiones que afectan sus vidas.
Francisco Campos, del CEPAD Jalisco, destacó que el acompañamiento psicosocial no debe centrarse exclusivamente en el daño o en la condición de víctima, sino reconocer las capacidades, recursos y formas de resistencia de niñas, niños y adolescentes.
El organismo ha desarrollado desde 2022 procesos colectivos de acompañamiento para infancias y adolescencias que buscan a familiares desaparecidos.
En 2025 realizó en Guadalajara el primer Encuentro Nacional “Ausencias que se nombran, voces que se encuentran, tejiendo el cuidado colectivo”, con la participación de más de 70 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas cuidadoras de diversas entidades.
Las experiencias compartidas también evidenciaron que el silencio de los adultos puede generar nuevas afectaciones, ya que cuando no existe una explicación adecuada sobre la desaparición, niñas y niños pueden desarrollar interpretaciones que incrementen sentimientos de culpa, ansiedad e incertidumbre.
Por ello, la CEDHNL plantea que ocultar información no necesariamente constituye una forma de protección y que las respuestas deben adecuarse a la edad, contexto y autonomía progresiva de cada menor.
Entre las medidas propuestas se encuentran la generación periódica de estadísticas, el reconocimiento efectivo de niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas, atención jurídica, psicológica y médica especializada, mecanismos de información accesibles y protocolos de primer contacto.
También plantea prevenir el estigma y la discriminación en las escuelas, establecer programas sociales para familias cuidadoras y crear mecanismos permanentes de participación infantil y adolescente.
Las organizaciones advirtieron que buscar a una persona desaparecida también implica acompañar a quienes crecen esperándola, por lo que llamaron a construir una política pública que articule búsqueda, verdad, justicia, memoria, reparación, cuidados y proyecto de vida.
Conoce más sobre los programas de protección de derechos en la CEDHNL
