Monterrey, N.L.-
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió cuatro recomendaciones a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, Escobedo y Santa Catarina; así como al personal del penal del Topo Chico por presuntas violaciones a las garantías individuales de algunos ciudadanos.
La presidenta de la CEDH, Sofía Velazco Becerra, aclaró que la finalidad de estas recomendaciones es que las autoridades resuelvan las fallas que tienen los elementos de seguridad en materia de derechos humanos que han puesto en peligro la integridad de las víctimas.
“Es necesario que la policía de estos municipios sean capacitados con conocimientos de derechos humanos para evitar repetir las agresiones llevadas a cabo durante las detenciones a civiles”, expresó.
La primera recomendación es por el caso de un interno del penal del Topo Chico quien fue trasladado de manera inadecuada a un penal en Tepic, Nayarit, sin la orden de un juez.
“La comisión formula para este caso las siguientes recomendaciones: en primer lugar que se dé inicio el procedimiento de responsabilidad administrativa contra el personal del centro penitenciario Topo Chico por acción u omisión de las acciones ya mencionadas.
“Que se presente una estrategia de educación y capacitación en materia de derechos humanos, con énfasis en el debido proceso que se debe de seguir en el traslado de una persona privada de la libertad y por último que éste penal colabore con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas en garantía de derechos”, propuso Velazco.
Durante el marco de las recomendaciones, los derechos de la comunidad LGTTTI fueron defendidos por la comisión, quién señala como órgano discriminatorio a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey por el caso de una detención “injusta” a mujeres transgéneros en el centro de Monterrey.
“Determinamos que el actuar de la autoridad resultó en la discriminación de las mujeres transgéneros, ya que las detenciones tuvieron como motivo la identidad y expresión de género, lo cual está prohibido por la Constitución y los tratados internacionales.
“Además en el marco de la detención una de las víctimas sufrió agresión sexual al verse obligada por los elementos policiacos a desnudarse. Por lo anterior se ha determinado que se le reembolsen a las peticionarias la cantidad que pagaron por las multas para ser puestas en libertad, se capacite a los elementos de la policía en temas de derechos humanos enfocados a la población LGBTTTl y que se capacite a las mujeres policías para que sean ellas las que intervengan en las detenciones de mujeres trans”, expresó Velazco Becerra.
Por otra parte, se señaló a la Policía de Santa Catarina como responsable de una trasgresión en materia de derecho a la libertad y seguridad personal, tras haber ingresado a una propiedad privada sin la autorización correspondiente, además se le culpó por la agresión física de varias personas que se encontraban dentro del domicilio.
“La noche de los hechos, policías ingresaron de manera violenta a realizar la detención y a uno de los detenidos se le quebró un diente, a una más la sujetaron del cuello y una tercera persona fue arrastrada por la unidad cuando un elemento le indicó al conductor de la patrulla que avanzara y no se detuviera”, apuntó la presidenta.
En consecuencia a las acciones de los elementos de seguridad de Santa Catarina, la Comisión Estatal de Derechos Humanos formuló las siguientes recomendaciones: Se brinde capacitación en materia de derechos humanos al personas del municipio en el que se incluyan temas de los derechos fundamentales, garantizar el tratamiento médico especializado que se requiera y que se colabore con la comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de derechos humanos.
En la rueda de prensa también se trató el caso número 7 del municipio de Escobedo por una presunta detención ilegal.