Monterrey, N.L.-
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó por escrito su respuesta, dentro del procedimiento de juicio político que se sigue en su contra en el Congreso del Estado, informó la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores.
Durante la sesión de la Comisión Anticorrupción, la diputada local dio a conocer que el documento fue recibido antes del mediodía y consta de 248 páginas.
Explicó que el escrito será sometido a un proceso de elaboración de versión pública por parte de la Unidad de Transparencia del Congreso, para proteger datos personales y garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de acceso a la información.
La legisladora señaló que el gobernador respondió “ad cautelam”, es decir, bajo protesta y sin reconocer la validez del procedimiento, argumentando que no está de acuerdo con el inicio del juicio político promovido por la ciudadana Anabel Alcocer –dirigente estatal de Morena-.
Asimismo, indicó que gran parte de los argumentos expuestos se enfocan en cuestionar la competencia del Congreso y de la Comisión Anticorrupción para conocer del caso.
Entre los puntos que destacan en el documento, Serrato Flores mencionó que García Sepúlveda solicita la designación de un defensor público para su representación legal.
No obstante, consideró que dicha petición deberá ser analizada, ya que la Defensoría Pública tiene como objetivo principal brindar asistencia jurídica a ciudadanos que no cuentan con recursos para contratar un abogado particular.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción agregó que, tras una revisión preliminar, no encontró una defensa de fondo respecto a los señalamientos que motivaron el procedimiento, relacionados con presuntas triangulaciones y desvío de recursos públicos por más de mil millones de pesos.
Como parte del proceso legislativo, la Comisión Anticorrupción aprobó citar a una nueva sesión el próximo viernes 26 de junio a las 9:30 horas, donde se prevé votar el inicio formal de las investigaciones y diligencias correspondientes.
Serrato Flores adelantó que propondrá solicitar información a diversas dependencias estatales, federales y a empresas presuntamente involucradas en las operaciones señaladas en la denuncia, con el objetivo de integrar el expediente y garantizar el debido proceso.
En conferencia de prensa posterior, explicó que, una vez iniciadas las diligencias, los requerimientos de información podrían otorgar plazos de entre 10 y 15 días hábiles para responder, por lo que estimó que el dictamen podría quedar listo a principios de agosto.
La legisladora local del PRI subrayó que el procedimiento continúa conforme a la ley y que la entrega del escrito por parte del mandatario estatal no detiene ni retrasa el desarrollo del juicio político, sino que constituye una etapa más dentro del proceso legislativo.
A la sesión de siete minutos de la Comisión Anticorrupción, esta vez sí acudieron los diputados morenistas Mario Soto Esquer y Rodrigo Montemayor Romero, así como Claudia Chapa Marmolejo del PVEM, quienes se ausentaron cuando se aprobó iniciar el procedimiento de juicio político contra el mandatario estatal.
“Hasta ese día cuando asistan y voten a favor –del juicio político-, estaríamos pensando que ya están siendo congruentes con su denuncia y con el proceso legislativo que se está llevando a cabo”, manifestó Serrato Flores.
