Monterrey, N.L.—
La disputa por la suficiencia presupuestaria entre el Gobierno de Nuevo León y los Poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos del Estado, volvió a intensificarse cuando escala pugna por recursos luego de que el Ejecutivo difundiera información sobre los fondos que dichas instituciones mantienen en cuentas bancarias y, posteriormente, éstas respondieran que esos saldos no representan dinero disponible o excedente.
La confrontación institucional la inició el Gobierno estatal, al señalar que los Poderes y organismos autónomos cuentan con capital suficiente para afrontar el cierre del ejercicio 2026, toda vez que los saldos bancarios derivados de las ministraciones estatales se han incrementado año con año.
De acuerdo con la información presentada por el Ejecutivo, el Consejo de la Judicatura, perteneciente al Poder Judicial, pasó de registrar 677 millones 750 mil 258 pesos en bancos al cierre de 2025, a 850 millones 998 mil 401 pesos al segundo trimestre de 2026.
La Fiscalía General de Justicia reportó 724 millones 800 mil 492 pesos al cierre de 2025 y 839 millones 756 mil 48 pesos al segundo trimestre de este año, mientras que el Congreso del Estado pasó de 118 millones 962 mil 89 pesos a 137 millones 494 mil 158 pesos durante el mismo periodo.
Asimismo, precisó que la Auditoría Superior del Estado pasó de 24 millones 218 mil 878 pesos a 60 millones 837 mil 108 pesos; el Instituto Estatal Electoral de 47 millones 883 mil 675 a 60 millones 539 mil 250 pesos, y el Tribunal Electoral de 34 millones 482 mil 881 a 33 millones 995 mil 180 pesos.
Por su parte, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales registró 16 millones 180 mil 598 pesos al segundo trimestre, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reportó 6 millones 397 mil 513 pesos.
El Gobierno estatal argumentó que estos datos se desprenden de las Cuentas Públicas y de los informes trimestrales, por lo que consideró que las instituciones cuentan con suficiencia para concluir el año.
Réplica de instituciones y postura sobre saldos bancarios
Sin embargo, en una respuesta conjunta, el Poder Judicial, la CEDH, la Fiscalía General de Justicia, el Congreso, el Instituto Estatal de Transparencia y la Auditoría Superior rechazaron que los saldos bancarios puedan considerarse recursos ociosos o excedentes presupuestales en esta coyuntura donde escala pugna por recursos.
Las instituciones señalaron que el dinero disponible en sus cuentas está comprometido para atender obligaciones como nómina, proveedores, impuestos, retenciones, contratos vigentes y otros compromisos indispensables para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
“Los recursos que aparecen en las cuentas bancarias de los Poderes y Organismos Autónomos no son recursos ociosos ni excedentes presupuestales; son recursos destinados a garantizar la operación y el cumplimiento de sus obligaciones durante el ejercicio fiscal”, sostuvieron.
Las instituciones también cuestionaron que se utilice el saldo bancario registrado en una fecha determinada como argumento para determinar que cuentan con suficiencia financiera para cubrir los meses restantes del ejercicio, al advertir que una parte importante de ese dinero ya está comprometida.
En su posicionamiento, señalaron que la propia información financiera del Gobierno estatal reporta 8 mil 842 millones de pesos en bancos, cantidad que, de acuerdo con su argumento, permitiría cubrir el presupuesto anual de varias de las instituciones autónomas y de representación estatal.
Ministraciones presupuestales y autonomía constitucional
La disputa se trasladó así del monto disponible en las cuentas bancarias a la oportunidad y suficiencia de las transferencias financieras, por lo que escala pugna por recursos cuando los Poderes y organismos autónomos sostuvieron que el punto central es garantizar que las ministraciones que les corresponden sean entregadas completa y oportunamente.
Además, recordaron que 2026 continúa operando bajo la reconducción del presupuesto aprobado para 2025, por lo que permanece pendiente la actualización presupuestal correspondiente al presente ejercicio.
Las instituciones advirtieron que la autonomía constitucional también requiere suficiencia financiera y acusaron que utilizar la liquidez acumulada como argumento para justificar una eventual falta o retraso de ministraciones podría generar un incentivo para que los organismos agoten sus fondos antes de recibir nuevas transferencias en este contexto en el que escala pugna por recursos.
“Pretender que una institución agote primero su liquidez para después recibir las ministraciones que le corresponden no es disciplina financiera”, señalaron, al considerar que ello trasladaría a los Poderes y organismos autónomos el costo de las decisiones financieras del Ejecutivo.
Para consultar información oficial sobre trámites y finanzas públicas, puedes ingresar al portal del Gobierno del Estado de Nuevo León.
